En el mes de abril, integrantes del equipo de inspecciones del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria fueron a entrevistarse con jóvenes alojados en el COPA que resultaron haber sido víctimas de torturas y malos tratos. En virtud de estos hechos, se solicitó que se investigue la posible comisión de delitos de lesiones, amenazas, torturas, abuso de arma, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público.

A partir de las entrevistas y de constatar las lesiones de los chicos, fue posible reconstruir lo que ocurrió esa noche en el predio de Abasto: el accionar ilegal protagonizado por el subdirector del instituto y otros asistentes de minoridad para recapturarlos.

Once jóvenes alojados en el centro cerrado COPA de la localidad de Abasto evadieron los controles e iniciaron una fuga. Cuatro de ellos fueron recapturados esa misma noche y encerrados de nuevo y un quinto se entregó voluntariamente al día siguiente en el juzgado que lleva su causa. Los jóvenes fueron perseguidos por los trabajadores y el subdirector del centro que dio la voz de alto y comenzó a disparar. Los chicos no pudieron precisar si disparaba al aire o hacia ellos pero sí que algunos se quedaron inmediatamente arrodillados y otros comenzaron a correr. Al alcanzar a uno de ellos le dieron una patada, por lo que cayó al piso sobre un charco, y comenzaron a golpearlo como al resto de los chicos que detuvieron en la calle.

Cuando los reingresaron al centro los separaron de a dos, unos alojados arriba y otros en el sector de abajo, y continuaron los golpes y amenazas. Desnudos y atados de pies y manos fueron amenazados y torturados, esta vez con preguntas directas sobre dónde estaba el resto de los jóvenes que se habían escapado. La fuerte golpiza provocó que algunos de los jóvenes se quedaran sin respiración, lo que hizo que los otros detenidos pidieran a gritos que se detuvieran. Posteriormente, fueron derivados a otros centros de encierro.

La CPM denunció penalmente los hechos y solicitó a la justicia medidas urgentes: pericias e informes médico y psicológico de las víctimas; que se informe la planilla de funcionarios del instituto, médicos y demás empleados para identificar correctamente a los responsables, y se notifique al Organismo para la Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, para iniciar las medidas para sancionar administrativamente a los responsables. Hasta la fecha no se conocen avances en los sumarios administrativos correspondientes.

Además se recomendaron procedimientos de investigación que no re victimicen a los jóvenes. Por otro lado, se presentó un habeas corpus colectivo en el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de La Plata en favor de los jóvenes que quedaron alojados en el centro, reconociendo que el destrato y humillación al que son sometidos constituye una práctica sistemática en lugares de encierro.

Desde la Comisión por la Memoria se advirtió sobre la “gravedad de los hechos, el salvajismo y ensañamiento de los funcionarios públicos y la necesidad de una respuesta administrativa y judicial urgente que delimite las responsabilidades de los responsables del cuidado”. Se señaló también que deben investigarse las circunstancias previas a la “fuga”, que darían cuenta de la omisión de los asistentes de minoridad en el cumplimiento con sus funciones, vinculada con disputas hacia el interior del organismo que nada tienen que ver con los jóvenes.

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