martes 23 de abril de 2024 - Edición Nº -1966

Información General | 1 jul 2016

Allan y D’Onofrio, duros con el juez platense

Luego de ser allanado, legisladores bonaerenses piden el “apartamiento preventivo” de Melazo

Ayer la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria el allanamiento del despacho del juez platense César Melazo, titular del Juzgado de Garantías Nº 2. Fue por una causa en la que se investiga al ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas, Marcelo Mallo, y su vinculación con el crimen narco en Unicenter. Hoy, legisladores provinciales de Cambiemos y el Frente Renovador solicitaron a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de BuenoAllan y Ds Aires el “apartamiento preventivo” del juez.


Melazo alegó ayer, luego de la medida que dispuso Arroyo Salgado, que el operativo realizado en el edificio de Tribunales de calle 8 entre 56 y 57 de La Plata no se trató de un allanamiento sino “una orden de presentación de documentación de todo lo tramitado en este juzgado en relación a Marcelo Mallo”.

No obstante, la respuesta de sectores de la política bonaerense no se hizo esperar.

Esta tarde, los senadores Juan Pablo Allan (de Cambiemos) y Jorge D’Onofrio (del Frente Renovador) solicitaron a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires el “apartamiento preventivo” del juez César Melazo en virtud de la causa por posible encubrimiento que investiga el accionar del ex integrante de Hinchadas Unidas Argentinas, Marcelo Mallo.

La denuncia también alcanza al fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Brandsen, Mariano Sibuet.

Los senadores consideraron que “posteriormente a que se hiciera público el resultado de las pericias (de un arma) y luego de que Marcelo Mallo diera varias notas a distintos medios periodísticos, sin tomar el más mínimo resguardo, el juez Melazo retardó de manera injustificada el dictado de una orden de detención, posibilitando que éste se diera a la fuga de manera grosera, ante la atónita mirada del conjunto de la sociedad”.

Allan y D’Onofrio, presidente del bloque de senadores del Frente Renovador, calificaron de “burdo” el accionar de Melazo y creen que ambos funcionarios judiciales hicieron una maniobra para obstruir el accionar de la justicia en pos de la captura del ex dirigente kirchnerista, sospechoso por el doble crimen de Unicenter en 2008.

Concretamente, los senadores le solicitan a Ulises Giménez, titular de la mencionada Secretaría, el apartamiento preventivo tanto de Melazo como de Sibuet en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 bis incorporado por la ley 14.441 a la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados (13.661). Dicho artículo estipula que el denunciado puede ser apartado de su cargo por un lapso de 90 días en virtud de la naturaleza y gravedad de los hechos.

D’Onofrio manifestó: “Melazo es el paradigma de la corrupción judicial que debemos desterrar en la provincia de Buenos Aires. No es una, sino que son decenas las denuncias en su contra, que nunca prosperaron porque quedaron sepultados en marañas de recursos y excusaciones que le dieron la impunidad que gozó hasta ahora”, y añadió: “Ademas de cumplir con esta denuncia, le solicitamos a la Corte que tome urgentes medidas. Teniendo en cuenta la gravedad y cantidad de irregularidades, lo suspenda en sus funciones de inmediato. Deben sacarlo ya mismo del juzgado ya que está por entrar en el turno y ya sabemos a qué se dedica en esos periodos con las causas de los juzgados en feria”.

“La inacción de Melazo en este tema es mayúscula, evidente y muy grave. Los ciudadanos no pueden confiar en un juez que está objetivamente acusado de encubrir sospechosos de un delito, como es el caso de Mallo. Por eso debe ser apartado preventiva de su cargo hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre su obrar”, consideró Allan.

La presentación de los legisladores también estipula la “Acumulación por Conexidad”, ya que existe un proceso abierto en etapa de sumario contra Melazo en la causa SJ 291 en la que se investiga su accionar en una causa de 2002 por posibles coimas junto con un fiscal (Carlos Gómez), quien ya fue destituido.

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