El predio tomado se encuentra en las intersecciones de las calles 92, 1 y 117 de Villa Elvira, a menos de 50 cuadras del Palacio Municipal. Por el lado que corre paralelo a la 92, el predio es cortado por el cauce del arroyo Maldonado, que en la inundación del 2 de Abril se desbordó y dejó varias muertes en el barrio. El terreno, además, era usado como basural por la municipalidad desde hace décadas: esas dos cuadras están regadas de chatarra abandonada, pilas de escombros y basura.

Unas 48 familias encontraron de todos modos en ese predio la posibilidad de un lugar propio, y decidieron luchar por eso. “Vengan a mirar lo que era antes este lugar y lo que es ahora: agarramos un basural de más de 30 años y lo limpiamos y lo arreglamos para que sea habitable” dice Idalina, una vecina que es parte de la toma desde el primer día. “Lo que estamos buscando es nada más que una vivienda para las familias que estamos acá. Somos gente laburadora que queremos un lugar”, agrega.

Los vecinos de la toma se organizan en una asamblea mediante la que encaran las tareas de limpieza, loteo y asuntos legales. Su objetivo, en primera instancia, es resistir cualquier intento de desalojo, para luego poder reclamar al Estado por su derecho a la vivienda digna. Santiago, que es parte de la toma con su compañera y su hijo de tres años, lo tiene claro: “Somos un grupo de gente que decidimos tomar estas tierras y lo hicimos. Queremos la tierra para vivir, simplemente. Para el día de mañana yo poder dejarle algo a mi hijo”.

La ciudad de La Plata crece desde hace mucho tiempo sin planificación por parte del Estado. Ni el municipio ni la provincia intervienen de manera sistemática orientando el crecimiento con criterios inclusivos y de justicia social. Mientras las torres crecen en el centro de la ciudad, las familias de los barrios populares no encuentran otras vías que estas para lograr un techo propio.

Lo que las guía a las familias es la desesperación por tener un lugar donde asentarse y desde donde salir a combatir el difícil momento que atraviesan los sectores en la región. Al poco trabajo, inestable y mal pago, además es suma la estigmatización y la violencia institucional. Estas personas se tienen que enfrentar con la hostilidad de los grandes medios de comunicación que los llaman usurpadores, de la justicia que actúa sin atender sus necesidades y derechos, y de las fuerzas de seguridad prestas a desalojarlos violentamente.

Sin embargo, junto a la necesidad, el derecho a la vivienda digna sigue firme. Y la voluntad de seguir luchando también. La fuerza de un grupo de familias que pelea por su futuro con dignidad es algo difícil de doblegar.