“He ordenado inmediatamente la autopsia” declaró el fiscal, pese a haber lanzado una hipótesis basada en ningún elemento de prueba, en el marco de una muerte ocurrida en un calabozo que albergaba a 24 detenidos. “Están superpoblados”, reconoció Romero, pese a la aventurada opinión que difundió cuando todavía no se conocen los resultados de la autopsia.

En rigor, desde el año 2012 esos calabozos deberían haber dejado de alojar detenidos. Abogados que militan en organismos defensores de los derechos humanos informaron a Blanco sobre Negro que la resolución 153 dictada ese año (que sigue vigente) establece taxativamente que no puede haber presos en comisarías. Incluso, según detalló Rodrigo Pomares, integrante de de la Comisión Provincial por la Memoria, “hay hasta menores de 8 años que fueron alojados en calabozos de comisarías junto a detenidos por causas mucho más graves, y en condiciones infrahumanas”. Tal es la gravedad de la situación en las dependencias policiales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó que el Estado argentino dé cumplimiento a la Resolución.

“Hoy la mayoría de los calabozos están clausurados por resoluciones ministeriales o judiciales , con un 200 por ciento de superpoblación. Esto es lo habitual en la mayoría de las comisarías, lejos de haber cambiado algo a partir de la prohibición de alojar presos”, explicó Pomares. La CIDH también ordenó que se revirtiera esta situación por considerar en una de las resoluciones que refieren al tema que “las comisarías no son lugares de detención”.

Velázquez tenía una lesión “a nivel frontal”, según dijeron los médicos que firmaron al acta de defunción, pero los jefes policiales atribuyen el daño a una caída que habría sufrido por causas que no especificaron.

Como suele ocurrir cuando muere un detenido en alguna comisaría, se ordenó la clausura del calabozo. Los 24 presos que se hacinaban en ese pequeño espacio ya fueron trasladados y esperan para ser indagados en las próximas horas.

El caso adquiere un cariz muy particular si se tiene en cuenta que, además de que los aventurados pronósticos del fiscal sobre una autopsia de la que aún se desconocen los resultados, la persona fallecida iba a ser indagada en la jornada de hoy.

Rodrigo Pomares, abogado de la CPM, explicó a Blanco sobre Negro que los jueces que intervienen en algunos procesos ordenan trasladar a los detenidos a cárceles, que dependen del Servicio Penitenciario, y que ese organismo responde que no tiene espacio para alojar nuevos detenidos, entonces los magistrados tienen dos opciones: dictar medidas para que el Estado resuelva el problema o hacer la vista gorda y seguir amontonando detenidos en comisarías. Esta última opción es la que el Estado, desde el 2012, sigue manteniendo. Peor aún: en la gestión de Alejandro Granados, según se puede observar en los datos que difundió la Provincia, aumentaron las detenciones, y con ello se agravó todavía más la situación de hacinamiento, incluso en las dependencias policiales.

Lo concreto es que Maximiliano Velázquez fue detenido acusado de haber robado un teléfono celular. Lo alojaron en la comisaría de Tolosa, y el día en que tenía audiencia para declarar ante la Justicia, apareció muerto. El fiscal se apresuró extrañamente en hablar de un golpe en la cabeza por un supuesto desvanecimiento. Fuentes judiciales aseguran a este portal (algo que se corroborará en las próximas horas) que la causa del deceso fue otra: Velázquez consumió (o le hicieron consumir) estupefacientes en tanta cantidad que terminó muerto. Por un celular: