El encuentro estuvo encabezado por la vicepresidenta Académica de la UNLP, Ana Barletta, la prosecretaria de Derechos Humanos, Verónica Cruz, junto a docentes, investigadores y extensionistas de distintas unidades académicas.

También participaron referentes académicos de Derecho que integran el Instituto de Cultura Jurídica, el Instituto de Derechos del Niño y el Programa “Niñez, Políticas Públicas y Derechos Humanos” de la Secretaría de Extensión; referentes de la secretaría de Extensión de Humanidades, investigadores y docentes de la Especialización en Infancias y Juventudes; investigadores del Laboratorio “Jóvenes, Medios y Comunicación,” de la Facultad de Periodismo y docentes e investigadores de la Facultad de Psicología y Trabajo Social, y representantes de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventudes del Consejo Social de la UNLP.

La reunión de trabajo dejó un conjunto de preocupaciones y propuestas en torno de la necesidad de brindar desde el ámbito académico aportes que contribuyan a: fortalecer las políticas de promoción y protección de derechos dirigidas a niños/as y jóvenes, que aseguren abordajes integrales preventivos; visibilizar los efectos sumamente nocivos de la privación de libertad y de la detención; avanzar en la construcción de un sistema de justicia para jóvenes en conflicto con la ley respetuoso de sus derechos, que atienda la complejidad de las situaciones, evitando bajar la edad mínima a efectos de la responsabilidad penal.

El encuentro fue planificado a partir de la preocupación que genera la iniciativa gubernamental de modificar el régimen penal juvenil, sin que se expresen de manera precisa los argumentos que llevarían a bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes

Desde la prosecretaría se señaló que “existen experiencias en otros países que claramente muestran que esa medida no incide en la baja de la comisión de delitos y además implicaría una regresividad respecto de los derechos garantizados por la legislación vigente en nuestro país”.

Finalmente los docentes investigadores y extensionistas que participaron del encuentro concluyeron:

• Bajar la edad de imputabilidad no es conveniente en tanto no contribuye a solucionar la problemática de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley.

• Profundizar el debate sobre la accesibilidad a derechos fundamentales de vastos sectores de las infancias y juventudes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema; y por otro, fortalecer el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niños y Niñas, generando las condiciones materiales y presupuestarias que permitan un funcionamiento eficiente de los diferentes dispositivos para lograr intervenciones que efectivamente protejan y restituyan derechos.

• Conformar una mesa institucional de trabajo sobre la temática, que inicialmente se abocará a construir un documento colectivo que explicite una posición argumentada respecto de la cuestión penal juvenil, recreando los aportes de los diferentes campos disciplinares y asumiendo la responsabilidad compartida como Universidad Pública de producir conocimientos que sumen valor a las políticas dirigidas a estos grupos poblacionales con derechos vulnerados.

Por último, se consideró importante avanzar en la construcción de estrategias que fortalezcan este debate al interior de la comunidad universitaria como con los poderes estatales y la sociedad civil.