“Prohíbase al señor Gobernador, al señor Vicegobernador, a los señores Ministros y Secretarios de Estado y a todos los funcionarios públicos en general, la utilización de los aviones y helicópteros de la flota área de la provincia de Buenos Aires hasta tanto se reparen y reconstituyan las rutas y accesos provinciales de manera de que estén en condiciones de transitabilidad segura para los usuarios”, expresa el proyecto que lleva la firma del diputado Ricardo Lissalde.

Por otro lado, aclara que se pueden utilizar los aviones y helicópteros “en operativos de rescate; transporte de alimentos, vacunas, sueros antiarácnidos, antiofídicos, antídotos de sustancias toxicas y medicamentos a zonas de desastre; relevamiento de zonas en emergencias: inundaciones y desastres naturales; evacuación de damnificados; traslado de pacientes críticos; traslado de órganos para transplantes; traslado de equipos médicos y lo que se disponga en el marco del dispositivo del S.I.E.S. (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias); SAR (“Search and Rescue”) en agua y tierra; Operativo Sol y traslado de fuerzas de seguridad, entre otras prestaciones en beneficio de la comunidad”.

El no cumplimiento de lo que establece el Proyecto será considerado “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, a la vez que se autoriza al Poder Ejecutivo a “readecuar las partidas presupuestarias destinando el dinero ahorrado mediante el no uso de la flota aérea a inversión en infraestructura vial”.

“Tenemos 8500 muertos por año en la República Argentina por accidentes en sus rutas. O si se quiere 23 muertos por día. O 1 muerto cada 1 hora y 20 minutos. Y muchos de ellos ocurridos en rutas y accesos de la provincia de Buenos Aires. Esto constituye la principal causa de muertes”, expresó el diputado impulsor de la iniciativa.

“Mientras las muertes se suceden en nuestras rutas, los funcionarios responsables de su mal estado y pésimo mantenimiento no se ocupan de brindar las soluciones. Se preocupan, pero no se ocupan. Ante una pérdida de vida se conmueven, pero no se mueven”, opinó.

“Para una acabada toma de conciencia de lo que significa la pérdida constante de vidas humanas, proponemos que los funcionarios se trasladen como cualquier ciudadano por las rutas de nuestra provincia. Y tal vez así se decidan a trabajar en serio sobre esta problemática ya no vista desde el aire. Lamento tener que proponer medidas tan extremas para que se tome conciencia y que esa conciencia se transforme en acción y en política de Estado”, concluyó Lissalde.