Esta mañana, acompañada por el diputado provincial Juan Amondarain, los concejales del FR José Arteaga, Luciano Sanguinetti, Javier García, Oscar Vaudagna y Gastón Crespo (GEN) y los dirigentes locales del FR Juan Malpeli y Carlos Melzi, la legisladora nacional ofreció una conferencia de prensa en La Plata para explicar los detalles de la medida cautelar anticipada.

El primer argumento para solicitar la suspensión de la suba es que en la Resolución N° 419/17, dictada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y publicada en el Boletín Oficial el pasado 9 de mayo, no se publica cómo quedaría el nuevo cuadro tarifario.

“Cuando publicaron el aumento se olvidaron los cuadros tarifarios, un derecho a la información que está siendo vulnerado. Tenemos derecho a saber cuánto nos van a cobrar y de qué porcentaje es el aumento. Es de una gran gravedad que no hayan incluido esa información”, explicó la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor de la cámara baja.

El nuevo aumento golpeará especialmente a la Región ya que a la distribuidora Edelap se le concedió una suba superior que al resto. Mientras que el incremento promedio es de 58% para La Plata será del 121 %. Los dirigentes del Frente Renovador aseguraron que hay que investigar si el trato diferencial está relacionado con la reciente venta de la empresa.

Además, la medida judicial presentada alega que el nuevo tarifazo “no guarda ningún tipo de proporcionalidad ni razonabilidad con los salarios actuales”. Schwindt criticó que mientras a los docentes “les proponen un aumento de sueldo del 20%, en cuotas, nos encontramos con tarifazos de hasta 127%”, y agregó: “La condición para que una familia acceda a la tarifa social es tener un ingreso de hasta 15 mil pesos, pero eso también es estar por debajo de la línea de pobreza”.

“Pareciera que no hay ninguna coordinación entre el gobierno nacional y el provincial a pesar de que son del mismo color político. Ellos deben prever que la tarifa está compuesta de tres elementos, generación, transportación y distribución, y deberían haber coordinado para que haya razonabilidad en la tarifa”, demandó la diputada.

Por último, la legisladora criticó que en las audiencias públicas “no pueden anunciar aumentos del 30% y después hacer un tarifazo del 70%” y agregó: “Juegan con nuestra necesidad como usuarios. En este país, tiene que haber previsibilidad para aquel que pone el hombro, trabaja todos los días y todo le cuesta cada vez más”.

Por su parte, el concejal José Arteaga consideró: “Es una decisión de alta insensibilidad, impagable para los usuarios y que genera más recesión y desocupación den las pymes de la región. El aumento de las tarifas no guarda razonabilidad y afecta gravemente la economía familiar y productiva del Gran La Plata”.