Foto: CONADU

Federico Montero es Secretario de Organización de CONADU, pero también Secretario General de FEDUBA, el gremio de los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Entrevistado por Info BLANCO SOBRE NEGRO , Montero explicó en horas de la noche del martes : “Lo único que estamos debatiendo son las cuestiones organizativas para garantizar la toma del edificio”, que a las 20.00 horas aproximadamente se encontraba ocupado por más de medio millar de becarios, docentes, estudiantes e investigadores.

“Se llega a esta situación por la negativa de las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología para definir con claridad los alcances del acuerdo que hicieron con la secretaría de políticas universitarias, y además hoy se intentó subsanar algunas de las inconsistencias de ese convenio”.

Además, el dirigente de la CONADU relató: “Las autoridades del ministerio eligieron tener una actitud de provocación para con los que estábamos en esa mesa, hubo mucha tensión y violencia verbal. Cuando les exigimos definiciones sobre los temas en discusión, decidieron levantar unilateralmente la reunión y no dar precisiones”.

“El plazo para que las universidades incorporen a los afectados por el recorte del CONICET vence el 30 de septiembre, así que estamos a sólo diez días, con estas familias esperando una resolución sobre la continuidad laboral de los investigadores que , de no mediar una solución, quedarían en la calle”, agregó el referente de FEDUBA .

Además, Montero contó al finalizar la reunión que ningún sector había pedido un cuarto intermedio: “Nos dijeron, directamente, que se cancelaba el diálogo”, explicó. Y aclaró: “Esperamos un nuevo encuentro con una respuesta de parte de ellos o de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), porque se pasan la pelota unos a los otros”.

La explicación oficial de la CONADU

“En la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del Acta Acuerdo de diciembre del 2016, realizada en el día de hoy, las autoridades del CONICET determinaron la ruptura del acuerdo *al no brindar ninguna precisión sobre la resolución conjunta 2-E/2017 entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la cual se concreta la incorporación, como parte de las plantas provisorias de las universidades públicas, de 410 investigadores que deberían haber entrado a la carrera de CONICET” , consignaron los docentes universitarios tras el informe de su representante en la reunión.

“Dicha resolución incumple el compromiso con los investigadores del Acta del 23/12/2016, que garantizaba que el CONICET sería uno de los lugares de inserción de los despedidos y que percibirían una remuneración equivalente manteniendo el tema y lugar de trabajo. Todos estos puntos son tirados por la borda con la nueva resolución. Esta determinación implica una lisa y llana tercerización de los ingresantes al CONICET, ya que en vez de ser incorporados al organismo de Ciencia y Tecnología serán incorporados a tareas de docencia e investigación en las universidades nacionales, vulnerando claramente los mecanismos de ingreso establecidos en el CCT de los Docentes Universitarios”, explicó Montero.

Y subrayó que “no quedan claros, además, los mecanismos de incorporación de los investigadores a las universidades, ni su estabilidad, ni si esas incorporaciones van en detrimento de los docentes que ya están desarrollando sus actividades en las casas de altos estudios”. Además, expresaron que “por otro lado, este programa lejos de resolver la situación de los afectados por el recorte de los ingresos al CONICET extorsiona a las universidades y a sus docentes, en quienes descarga la responsabilidad de aceptar “voluntariamente” una respuesta inconsulta e insatisfactoria. Es decir, el gobierno traslada a las universidades el problema que genera su propia política de ajuste y desmantelamiento del sistema científico, mientras continúa desfinanciando el sistema universitario”.

Por último, CONADU concluyó el balance de la reunión frustrada expresando que decidieron “ocupar pacíficamente el Ministerio” hasta tanto les den "una respuesta respecto al destino de estas 500 familias a las que el Gobierno Nacional tiene dando vueltas hace nueve meses”.

La Mesa Ejecutiva de CONADU se expresó ayer, antes de la reunión que dejó todo a fojas cero, sobre el conflicto en un documento que compartimos con nuestros lectores:

CONADU ANTE EL CONVENIO DEL AJUSTE EN EL CONICET

En el día de mañana, 12/09/2017, se realizará una nueva reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del Acta Acuerdo alcanzada el 23/12/2016, tras el conflicto derivado de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de dejar afuera a los alrededor de 500 investigadores que habían sido recomendados en su ingreso al CONICET.

La reunión se produce tras una serie de anuncios que consolidan claramente la política de recortes que se inició con el intento de despido de los 500, y que configuran una reversión cualitativa y cuantitativa respecto de la Política de Expansión del Sistema Científico-Tecnológico consagrada en el Plan Argentina 2020. Entre ellos, se encuentran el anuncio de MIA, plataforma de financiamiento colectivo Crowdfunding y el anuncio de una inminente Ley de Mecenazgo Científico. Mediante estas iniciativas, se busca retraer el compromiso del Estado en el desarrollo y expansión del Sistema Cientítico-Tecnológico. Este desfinanciamiento no es nuevo: se constata analizando la evolución del Presupuesto CyT y su ejecución, tal como indican análisis como los de Jorge Aliaga (ver: https://www.cronista.com/opinion/Aclaraciones-sobre-el-Presupuesto-de-Ciencia-20170906-0013.html)

Es en este contexto donde se recorta la responsabilidad del Estado en materia de CyT y se busca reemplazarlo por un hipotético financiamiento privado que aparece finalmente la publicación en el Boletín Oficial de la resolución conjunta 2-E/2017 entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la cual se concreta la incorporación, como parte de las plantas provisorias de las universidades públicas, de 410 investigadores que deberían haber entrado a la carrera de CONICET.

Análisis del convenio firmado entre el MinCyT y el Ministerio de Educación para la incorporación de doctores a universidades nacionales.

1. INCUMPLIMIENTO DEL ACTA ACUERDO DEL 23/12/2016 EN PERJUICIO DE LOS y LAS AFECTADAS. En primer lugar, cabe destacar que la propuesta del gobierno incumple con el acta acuerdo que se suscribió el 23/12/2016 y permitió suspender las medidas de fuerza tras el anuncio del virtual despido de los 500 investigadores.

1.1 En el acta se consignaba que el CONICET sería uno de los lugares de inserción de los despedidos, y la propuesta es insertarlos en UU.NN.

1.2 En el acta se consignaba que se mantendría el ingreso – “remuneración equivalente”-, y la propuesta representa una clara disminución del salario.

1.3 En el acta se consignaba que se mantendría el tema y lugar de trabajo, mientras que la propuesta busca la relocalización y alienta la reconversión en sus temas.

1.4 Surge de la última reunión de la Comisión y de las conversaciones formales que los afectados han tenido con las autoridades de las Universidades, que sólo se generarán nuevos cargos para aquellos que no tienen cargos docentes en el lugar donde se insertarán, mientras que los que ya tienen cargos sólo ampliarán su dedicación. En los hechos, esto desalienta la inserción en los lugares donde los y las investigadores ya están trabajando como docentes, puesto que ello implicaría un importante recorte adicional en sus ingresos.

2. TERCERIZACIÓN LABORAL y NUEVAS DESIGUALDADES AL INTERIOR DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES. En segundo lugar, debe destacarse que lo que se presenta como “fortalecimiento” de la investigación en las UUNN es en realidad una improvisada maniobra de tercerización de los ingresantes al CONICET ante las resistencias que generó un brutal recorte.

2.1 En primer lugar, porque aunque estos trabajadores postularon, fueron evaluados y recomendados para ingresar a la carrera de investigador en el CONICET, serán incorporados a tareas de docencia e investigación en las universidades nacionales, vulnerando claramente los mecanismos de ingreso para estas tareas establecidos en el CCT de los Docentes Universitarios, así como en virtualmente todas las reglamentaciones previas establecidas por las UUNN.

2.2 Esto último representa una clara diferencia respecto de otros programas de fortalecimiento de la docencia/investigación en áreas específicas , como los PROMEI, PROSOC y otros, que fueron creados para tal fin.

2.3 La forma de inserción en las UUNN no sólo vulnera las formas de ingreso a la docencia consagrada en el CCT sino que enfrenta a las UUNN a un dilema respecto de la regularización de estos trabajadores. ¿Deberían concursar sus cargos como docentes?

2.3.3 Si no lo hacen, pierden la situación de estabilidad a la que aspiraban en su ingreso a CONICET y se vulneran sus derechos como trabajadores docentes.

2.3.4 Si concursan con modalidad “abierta”, corren el riesgo de perder su trabajo ante otro postulante, perdiendo la estabilidad propia del investigador del CONICET que el ACTA ACUERDO del 23/12 se compromete a mantener.

2.3.5 Si concursan con alguna modalidad “cerrada” que pondere la antigüedad docente, lo harán en inferioridad de condiciones, corriendo nuevamente el riesgo de perder su trabajo.

2.4 El ingreso a las UUNN genera desigualdades al interior de las cátedras, ya que lesiona la igualdad de oportunidades para la promoción en la carrera docente, tal como se establece en el Convenio Colectivo de Trabajo de la docencia universitaria, al incorporar docentes con nuevos cargos en áreas y/o cátedras preexistentes, ya sea en el nivel de Jefatura de Trabajos o en algún nivel superior.

2.5 El ingreso a las UUNN requiere de partidas presupuestarias especiales para crear los cargos necesarios y/o ampliar las dedicaciones correspondientes, financiamiento que corre por cuenta de la SPU. De este modo, se destinan a este programa recursos que deberían ser utilizados para resolver algunas de las múltiples situaciones conflictivas que se reiteran hoy en las universidades como consecuencia de la reducción del presupuesto y que la propia SPU ha incumplido. Nos referimos, particularmente, a la situación de los Ad Honorem y los Contratados, compromisos que la SPU firmó en paritarias ya en 2016 y que están lejos de ser resueltos.

MARCHA ATRÁS EN UNA POLÍTICA DE CIENCIA y TECNOLOGÍA QUE LOS VOTANTES DE CAMBIEMOS TAMBIÉN RATIFICARON

3.1 Las razones esgrimidas en diciembre de 2016 para negar el ingreso de los 500 fue “la falta de presupuesto”, mientras que ahora, el presupuesto aparece, sólo que desplazado del MinCyT a la SPU. Esta situación, nos preguntamos: Si la plata está y se quiere fortalecer la investigación, ¿por qué no se destina el dinero al ingreso al CONICET? Creemos que la respuesta está en que esta política de ajuste, junto al mencionado recorte y subejecución presupuestaria, y la búsqueda de financiamiento privado para suplir lo que se presume serán nuevos recortes del presupuesto público, configuran una clara marcha atrás en materia cuantitativa y cualitativa de expansión del Sistema de CyT, una verdadera Política de Estado consagrada en el Plan Argentina Innovadora 2020.

3.2 Esta decisión política no solamente va contra los lineamientos estratégicos sostenidos por los gobiernos de Néstor y Cristina Fernandez de Kirchner, sino contra las propias promesas de campaña de Cambiemos. En virtud de la valoración positiva de la política de CyT – transversal incluso a los alineamientos político partidarios de una gran mayoría de argentinos- el presidente Mauricio Macri se comprometió en campaña, no solamente a mantener la inversión en CyT sino a elevarla, llevándola al 1.5% del PBI. Resulta evidente que, también en esto, el presidente Macri defraudó incluso a una parte de sus votantes.

3.3 Acompañar este proyecto significaría legitimar la defunción del Plan Argentina Innovadora 2020 y convalidar una política de vaciamiento del sistema científico tecnológico cuyo alcance va mucho más allá del CONICET, y se extiende a toda la matriz de inversión pública descentralizada en el área, que va desde ARSAT hasta el INTA, INTI, CNEA entre muchos otros.

Por estas razones, sostenemos que este programa no sólo no es de ningún modo una solución efectiva y razonable a la situación de los afectados por el recorte de los ingresos al CONICET, sino que extorsiona a las Universidades y a sus docentes, en quienes descargan la responsabilidad de aceptar “voluntariamente” esta respuesta inconsulta e insatisfactoria. El gobierno traslada a las Universidades el problema que genera su propia política de ajuste y desmantelamiento del sistema científico, mientras continúa desfinanciando el sistema universitario.

En estas condiciones, independientemente de la legitimidad del reclamo por la mejor inserción posible por parte de los y las investigadores afectados por el recorte, entendemos que es fundamental fortalecer la organización y unidad de docentes e investigadores en defensa de nuestra universidad, del sistema científico, y del derecho público al conocimiento, DENUNCIANDO LA MANIOBRA DE VACIAMIENTO QUE ESTE CONVENIO REPRESENTA.

MESA EJECUTIVA CONADU
FEDERACIÓN NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS