El Gobierno Nacional, a través de los legisladores oficialistas, insistió en diciembre pasado en el Congreso de la Nación en reducir la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las carnes de pollo, cerdos y conejos desde el 21 por ciento al 10,5 por ciento, para igualarlas impositivamente con la tasa que paga la carne vacuna.

Los diputados oficialistas aseguraron en aquel momento en la comisión de Presupuesto que preside Luciano Laspina, que la carne forma parte de la canasta familiar y que era imprescindible bajarle la alícuota de ese gravamen para que se redujera el precio en las góndolas de los supermercados.

El legislador radical Luis Borsoni, uno de los autores de la iniciativa que fue aprobada en diciembre pasado en el marco de la Reforma Tributaria, detalló que “la carne de pollo, conejo y cerdo se trata de productos sustanciales de la alimentación de la población, dado que tienen un alto contenido proteico”.

Sin embargo, al momento de discutirse la baja del impuesto, desde la Asociación Argentina Productores de Porcinos (AAPP) habían admitido que la reducción de la alícuota desalentaría la inversión en el sector y que no influiría en el precio que pagan los consumidores.

En las últimas horas, diferentes organizaciones de defensa de los consumidores señalaron que pese a la reducción en la alícuota del Impuesto al Valor Agregado no se percibe una reducción en los precios de la carne de pollo, cerdo y conejo como se había anunciado.

La iniciativa, que pertenece a los radicales Luis Borsoni y Atilio Benedetti, fue aprobada en diciembre pasado en el marco de la Reforma Tributaria.

El frustrado intento de reducir precios desgravando a los grandes productores demostró que el monto final que pagamos los consumidores no es “el resultado de la presión fiscal”, como suelen repetir economistas de moda en tiempos de credo liberal. Por el contrario, demuestra que la cadena de valor de los alimentos es el objetivo al que deberían apuntar los funcionarios del área económica.