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Información General | 17 abr 2018

Desde fines de 2016

Crimen del colectivero: advierten que el uso de cámaras fue aprobado por una ley que nunca se implementó

"El Gobierno reacciona siempre tarde, no actúa para combatir la inseguridad, solo pone parches. Recién ahora avanza en la implementación de una ley que fue aprobada a fines de 2016", señaló Ramiro Trezza, presidente del bloque de concejales del Frente Renovador de Lomas de Zamora. "Al gobierno le faltó decisión para enfrentar el problema", remarcó.


Trezza celebró la implementación del sistema de cámaras de seguridad en transportes públicos, pero lamentó que “haya tenido que morir un trabajador para que el gobierno reaccionara”.

El edil hizo referencia a la ley provincial 14.897 promulgada por el Ejecutivo en febrero de 2017, y que establece la obligatoriedad de la instalación y uso de cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo de las empresas que presten servicios de transporte público de pasajeros en Jurisdicción Provincial y Municipal.

“La ley estaba sancionada y promulgada, al gobierno le faltó decisión para enfrentar el problema en los colectivos y combatir la inseguridad. Con esta ley en funcionamiento, hubiéramos identificado inmediatamente a los autores del asesinato del colectivero en Virrey del Pino, y hasta con las cámaras se podría haber disuadido a los delincuentes”, opinó.

Sobre este tema, en septiembre de 2017, Trezza presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora para exhortar al gobierno provincial a reglamentar la ley. El texto fue aprobado por unanimidad y girado al Ejecutivo, pero la puesto en marcha nunca se llevó adelante.

Ayer, como consecuencia del asesinato de un colectivero de la línea 620 en Virrey del Pino, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, anunció la implementación del sistema de cámaras en colectivos, en cumplimiento con la ley y a través del otorgamiento de créditos blandos a las empresas de transporte.

En ese marco, el referente del Frente Renovador pidió al Ejecutivo la “urgente” reglamentación de la norma que con su puesta en operatividad “salvará vidas, hará disminuir considerablemente la comisión de delitos y permitiría dotar a la Justicia de un elemento probatorio valiosísimo para condenar a los autores de delitos cometidos en el transporte Público de Pasajeros”.

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