El 21 de octubre del año pasado se realizó un allanamiento que desencadenó una serie de hechos que, en cascada, terminaron desarrollando una trama de película cuyo final todavía está por verse.

La historia comenzó el 21 de octubre de 2017, cuando se realizó un allanamiento ilegal sin orden de ningún funcionario judicial del que participaron 3 policías: Jorge Porsella, Facundo Rodríguez y José Sosa . En el domicilio donde irrumpieron violentamente “plantaron” drogas y le armaron una causa a dos vecinos de la zona por, supuestamente, comercializar estupefacientes. Ese acontecimiento y los que vamos a relatar en esta nota forman parte del expediente judicial que tramita la fiscal Virginia Bravo, de la UFI 7 de La Plata.

Luego de que la patota irrumpiera aquella noche, gente de la zona se animó a denunciar que, además, esos policías y el agente Osvaldo “Chucky” Gómez, pedían dinero a comercios de la zona “para hacer zafar judicialmente a vecinos por causas truchas que ellos mismos armaban”. En diálogo con Info BLANCO SOBRE NEGRO, abogados de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional confirmaron que “hay pruebas contundentes” de lo que aseguraron los afectados.

La causa inicial terminó con el sobreseimiento de los vecinos imputados. Mientras el ministerio de Seguridad inició una investigación sobre varios miembros de esa Comisaría: Jorge Porsella, José Sosa, Facundo Rodríguez, Rolando Morales y Fernando Pardo.

El 1 de febrero de este año, mientras progresaba el trabajo de Asuntos Internos, ocurrió otro episodio que puso aún más en foco a los uniformados de esa dependencia. Un vecino de Arturo Segui llamado Miguel Casco volvía a su casa luego de jugar al fútbol en una canchita de la zona, y un patrullero de la misma comisaría se detuvo junto a él para que los uniformados pudiesen gozar de las habituales gastadas, o boludeadas que suelen repetirse en todos las barrios pobres de esta provincia.

Así lo relató Casco ante la Justicia:

El día 1 de febrero de 2018, siendo aproximadamente las 2 de la madrugada, me encontraba de regreso a mi domicilio con dos amigos, en el auto de uno de ellos, cuando en la intersección de calle General Belgrano y 416, un patrullero del comando de patrullas nos da la orden de detener la marcha. En ese momento se nos acerca un oficial, y solicita que todos descendamos del vehículo, al bajar del auto, me apartaron y obligaron a mis amigos a retirarse del lugar.

Una vez solo, los oficiales (un hombre y una mujer), me colocaron contra el patrullero, y comenzaron a pedirme los documentos, al instante que se hacen presente 3 patrulleros más del comando de patrullas. Le respondo al policía a cargo que no contaba con mi DNI en ese momento, pero que sabía perfectamente quien era, ya que nos hemos cruzado anteriormente. Estoy a cargo de una olla popular en el barrio donde vivo, de la que participan cerca de 125 familias, y en reiteradas oportunidades funcionarios policiales me ha solicitado que deje de realizarla. El oficial que me mantenía contra el patrullero, me identificaba por ser el encargado del merendero.

En el momento que le expreso que sabía quién era, me propina un fuerte golpe con su escopeta debajo de la axila, cerca de la cintura, me encontraba con los brazos extendidos sobre el móvil policial, mientras no dejaban de apuntarme todos los oficiales, que eran alrededor de 6, por lo que pude contar.
Luego, el policía a cargo, comienza a gritar que me tire al suelo, que de lo contrario me disparaba, es en ese momento que le solicito que me explique porque debía recostarme sobre el asfalto, intento darme vuelta y me efectúa 2 disparos con la escopeta que me causa diversas lesiones sobre mi cuerpo, dejándome al menos 12 impactos de perdigones. Luego me tiran al suelo y comienzan a propinarme diversos golpes de puño, patadas y hasta me aplastó la cabeza con su pie.

Posteriormente, me subieron a la caja del patrullero, no dentro de él, me obligaron a sacarme la remera y la colocaron sobre la cabeza y arriba una bolsa plástica, hecho que generaba que me cueste respirar y no pudiera ver a donde me llevaban. En ese momento arrancan el móvil, y después de varios minutos me llevan a la Comisaría Decimosegunda de la ciudad, ubicada en Villa Elisa. Cabe mencionar que teniendo en cuenta la distancia de donde me detuvieron hasta la comisaría, el trayecto duró más de lo que correspondería, por lo que pienso que el viaje no fue directo. El traslado iba acompañado de insultos y golpes sobre mi cuerpo.

Cuando el móvil se detiene, los dos agentes que se encontraban en la caja conmigo me sacan fotos, me doy cuenta porque escucho el ruido de la cámara del celular y puedo ver un reflejo de flash.

Comienzo a escuchar una persona gritar, que posteriormente identifico como el Comisario de la dependencia, decía que me saquen la bolsa, que estaba pasando el micro y alguien podía verme en esas condiciones. Proceden a sacarme la bolsa y prenda que cubrían mi rostro, cuando el Comisario les pregunta a los oficiales “mínimo le plantaron un arma no?” , pero ninguno de los oficiales responden.

Me hacen bajar de la caja del patrullero, me hacen subir a otro y me llevan al hospital San Roque de Gonnet. En el hospital me atiende un enfermero inicialmente, me cura las heridas, para que no se infecten y me informa que debía volver a realizar una consulta, porque uno de los proyectiles quedó alojado dentro del brazo en una zona muy complicada, y debían intervenir quirúrgicamente. Al salir del nosocomio me llevan a la Comisaría Segunda a cuerpo médico, pero no me revisan, sino que proceden a pedir los datos personales.

Después de Cuerpo Médico, retornamos a la Comisaría Décimosegunda me ingresan a la comisaría, me llevaron a la cocina y me mantienen esposado a una mesa, con las esposas muy ajustadas, por lo que hasta el día de la fecha mantengo lesiones en mis muñecas. No me ingresaron a una celda, porque la dependencia, que se encuentra inhabilitada tanto por el Ministerio de Seguridad, como por Resolución Judicial, alojaba a mujeres.

Alrededor de las 6 de la mañana proceden a ficharme, tomarme las huellas digitales, y me llevan a la Alcaidía de Tribunales de calle 8 y 56, pero hasta ese momento no tenía conocimiento de por qué seguía detenido, ni cuál era el delito que me imputaban. Cuando llego a tribunales, me informan que estaba detenido por Resistencia a la Autoridad en a cargo de la Fiscalía de Flagrancia.
Permanezco en la alcaidía cerca de 6 horas, no me ve ningún defensor, ni fiscal y vuelven a llevarme a la Comisaría Décimosegunda donde me dan la libertad.
No es el primer hecho de hostigamiento y violencia policial que sufro por parte de los funcionarios policiales de la comisaría decimosegunda, como así también del comando de patrullas de la zona, el día 20 de Octubre de 2017 el Dr. Damián Barbosa interpuso a mi favor una presentación de Habeas Corpus, en donde se denuncia el abuso de autoridad ejercido sobre mi persona.

El 9 de febrero (es decir, 8 días después), el Diario El Día publicó: “Desplazaron por graves sospechas al comisario de Villa Elisa y a otros 2 policías. Los acusan, sobre todo, de hacer allanamientos truchos, en los que habrían extorsionado y robado. También sospechan que hubo “protección y connivencia” con delincuentes y narcos. Los denunciarán penalmente”.

Los señalados (pero no detenidos) fueron el subcomisario Cristian Andrés Demarco, que estaba a cargo de la Comisaría desde abril de 2017, el oficial principal Jorge Maximiliano Porcella y el subteniente Osvaldo Gabriel “Chucky” Gómez, ex jefe de calle de la comisaría Décima de City Bell y hasta pocos días antes asignado a la Sexta de Tolosa.

El lunes de esta semana (16 de julio de 2018), es decir, hace tres días, se dictó la orden de detención para 5 funcionarios policiales, pero dos de ellos se escaparon. Los letrados de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional sospechan que la orden de detención podría haber funcionado como una suerte de advertencia o preaviso que alertó a los poli – delincuentes, que aprovecharon para eludir la mano poco discreta de la Justicia.

Vecinos de Villa Elisa, entretanto, se presentaron ante la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Allí denunciaron que “tres policías de la zona” (Posella, Sosa y Rodríguez) junto con Cristian Demarco vienen amenazando a las familias con armados de causas, paran a los vecinos y piden los documentos de identidad a todos, les quitan el dinero logrado durante el día en sus lugares de trabajo, y también solicitan coimas en los comercios".

Lo que cuestionan desde la entidad mencionada es que la fiscal Bravo no haya pedido orden de detención para el comisario Di Marco y para el inefable “Chucky” Gómez, “que serían quienes dirigían al resto de los policías involucrados”, según confiaron a Info BLANCO SOBRE NEGRO.

En Tribunales se tramitan causas por: “Abuso de Autoridad, Privación Ilegal de la Libertad agravada, Incumplimiento del deber de promover la persecución penal y Falsedad Ideológica".

Entre los vecinos que fueron amenazados por la banda de la Comisaría de Villa Elisa hay temor. Quienes conocen a los acusados aseguran que “tienen apoyo de otros policías”, especialmente los que se fugaron para evitar ser detenidos.

Mientras, en Asuntos Internos trabajan contrarreloj para desarmar a la patota, poner en caja a los efectivos de la zona y evitar que se repitan las toruras y abusos. Miran detenidamente lo que pasa en City Bell. Allí puede haber novedades en los próximos días.