Publicada en LATFEM

Liz (elegimos este nombre para resguardar la identidad de la víctima) llegó la madrugada del 13 de agosto a la guardia del Hospital Manuel Belgrano, de la zona norte del conurbano, que depende de la provincia de Buenos Aires, por las consecuencias en su salud que le provocó un aborto inseguro. Tenía una infección provocada por el tallo de perejil que usó para abortar. En su útero le encontraron restos de la planta. Las y los profesionales médicos le realizaron una histerectomía de urgencia. Perdió su útero y fue trasladada a un centro de salud de mayor complejidad, el Hospital Magdalena Villegas de Martínez en Pacheco donde hay terapia intensiva. No sobrevivió. Tenía 34 años y era madre de un niño. Ya había pasado por dos abortos. Desde el regreso de la democracia hasta 2016 3040 mujeres murieron como consecuencia del aborto clandestino. Son muertes evitables, femicidios de Estado, la muerte de Liz ocurre a menos de una semana que el Senado decidiera bloquear la posibilidad de ampliar derechos y terminar con la clandestinidad. De acuerdo a datos oficiales, por año 50 mil mujeres y personas gestantes son internadas en hospitales públicos porque abortaron de manera insegura en la clandestinidad. Se calculan 29 mil abortos por mes, 985 por día y 41 por hora. Una de estas interrupciones voluntarias de embarazos fue la de Liz, a la que el Estado le dio la espalda.

“Como señalamos, desde el 8 de agosto, cada muerta y presa por abortar, es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y de lxs 40 senadoras y senadores, integrantes del Poder Legislativo, que se abstuvieron o votaron en contra de nuestro derecho a la vida, a la salud y al reconocimiento de nuestra dignidad”, dijeron desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en un comunicado titulado “La clandestinidad mata” tras la muerte de Liz. En las redes sociales el Hashtag #ElSenadoEsResponsable apuntó también a quienes votaron contra la media sanción de Diputadxs.

Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, la Campaña, Ni Una Menos, Socorristas en Red, ELA, REDAAS, ASES, CEDES y otras organizaciones señalaron la vinculación entre la muerte de Liz y el ajuste que atraviesa el país. “El Misoprostol aumentó más de un 400% en tres años. Los abortos en la clandestinidad también aumentaron. Las mujeres somos quienes pagamos los costos de la crisis, el ajuste y las decisiones del Senado”, dijeron en un comunicado.

“Cada una de estas muertes es un hecho singular para el entorno de la mujer y también para los equipos de salud que las atienden y cuidan. Muestra las dificultades de los equipos que trabajan en atención primaria porque no tienen los recursos necesarios y porque no todos cuentan con el respaldo institucional para dar acceso a interrupciones legales del embarazo, a consejería y a métodos anticonceptivos. Muestra la desarticulación de un sistema fragmentado por dependencias administrativas que no proveen la tecnología necesaria (medicamentos para el aborto y/o aspiración manual) para resolver con calidad y oportunidad las solicitudes de aborto”, expresaron.

Tras el rechazo del Senado al articulado de la media sanción de Diputadxs de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pubicó una declaración en la que responsabiliza al Poder Ejecutivo Nacional y a lxs 40 senadoras y senadores, integrantes del Poder Legislativo por “cada muerta y cada presa por abortar” ya que se “abstuvieron o votaron en contra de nuestro derecho a la vida, a la salud y al reconocimiento de nuestra dignidad”. Y agregaron: “Poco les importamos las olvidadas: las que abortamos con riesgos, las que vamos presas y vivimos clandestinas de por vida. Para ellxs no habrá perdón porque no son dignxs representantes de una sociedad que elige ampliar ciudadanía”.

Para la Campaña, el Senado rechazó “la demanda popular de aborto legal, seguro y gratuito en un proceso democrático de construcción legislativa en el que además ninguna propuesta alternativa a la problemática ha resultado”. Además advirtieron, en relación al resultado de la votación del 9 de agosto: “No hay ganadores cuando las mujeres y personas gestantes de nuestro territorio siguen abortando en clandestinidad. La reflexión es profunda: ante la oportunidad de cambiar se ha elegido conservar el statu quo penal de 1921 y sostener una norma que discrimina porque condena a solo una parte de la población”.