La importancia que tiene la sanción de la ley es que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras de todos los barrios, suspende los desalojos por 4 años y establece que el 25% de las obras a realizarse esté en manos de las cooperativas de trabajo.

Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), afirmó: “Estamos frente a un hecho histórico, es una conquista enorme que los Movimientos Populares logramos gracias a la organización y a la lucha. Un trabajo que realizaron nuestros pibes y nuestras pibas relevando todas las villas y asentamientos del país. Con esta ley se va a garantizar que no sigan los desalojos y que podamos pelear por el acceso a la luz, agua, cloacas y a la integración urbana en los barrios. Es un gran paso en un contexto adverso para los más humildes, pero esta batalla continúa hasta que todas las familias tengan un techo digno”.

En declaraciones a Informativo FARCO, Gildo Onorato, otro de los referentes de la CTEP explicó: “La ley reconoce en la primer etapa como vivienda familiar a aquellas que están en villas y asentamientos de ciudades con mas de 10 mil habitantes, con la posibilidad de hacer una expropiación a través de un fideicomiso que tiene que reglamentar el poder ejecutivo. A la vez suspende los desalojos por más de dos años para que se pueda instrumentalizar cada uno de los pasos de esta ley”.

Onorato agregó que “con la ley se abre también la posibilidad de pelear por el acceso a los servicios públicos”.

“Es decir, aquellas villas y asentamientos que estaban ocupadas desde hace varios años van a tener la posibilidad de acceder los derechos que el Estado le ha negado a las familias durante décadas”, precisó.

“El proyecto fue impulsado por algunas organizaciones sociales, “para declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras de todos los barrios, suspender los desalojos por cuatro años y establecer que un porcentaje de la obra que se realice en los barrios este a cargo de las cooperativas de trabajo de cada lugar”, remarcó la arquitecta platense Soledad del Cueto.

Y agregó: “Es una herramienta muy importante, aunque no la única, ni la mejor, en el camino de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”.

Según datos de la organización Techo, la nueva norma alcanza a unos 4.416 barrios populares en todo el país y aproximadamente más de 4 millones de personas.

“Deseamos este no se convierta en una desilusión más para el pueblo argentino, ya que para se efectivo este proceso de urbanización es necesario e imprescindible contar con un presupuesto específico para pagar las expropiaciones”, concluyó Del Cueto.