Este fin de semana, el accidente de una familia platense en la provincia de Entre Ríos, la muerte de la pareja y la lucha por la vida de sus dos hijitas me conmovió profundamente.

Por platenses, por las muertes, por la angustia de las nenas, su soledad, su lucha por la vida. Por el dolor y compromiso de familiares y amigos. Uno se ve reflejado de muchas maneras.

Fundamentalmente porque soy padre y mi familia suele aventurarse bastante a la ruta. En esas escapadas, surge siempre la misma reflexión: es inadmisible que se pierdan tantas vidas por accidentes viales. Los motivos son múltiples y evidentes, y ameritarían una nota aparte: muy poca educación vial, imprudencia, pésimo estado de la infraestructura vial, insuficiencia de vías de transporte alternativas adecuadas y otro puñado de motivos igualmente vergonzantes.

De hecho, recientemente, nuestra familia sufrió una pérdida irreparable en un accidente de tránsito. En esos momentos uno se da cuenta de la indefensión en la que vivimos. No solo porque queda a merced de agentes públicos y privados de los sistemas de salud y de justicia, sino también porque tiene que atravesar los laberintos burocráticos mientras procesa el dolor de la perdida. En esos momentos de tanta vulnerabilidad, tienen una importancia crucial dos factores: la solidaridad y la eficiencia de los servicios de salud.

Solidaridad porque por lo general, los primeros que llegan a un siniestro son otros conductores. Si reaccionan bien, rápido, seguros, pueden salvar muchas vidas. Tienen que frenar con precaución, llamar a los servicios de emergencia, e intervenir sin arriesgarse. Aplicar primeros auxilios, puede también ser clave (de allí la importancia de enseñar RCP y otras técnicas en las escuelas). De acuerdo a la Cruz Roja, el 50% de las muertes en accidentes de tránsito podrían evitarse si todos supiésemos cómo prestar primeros auxilios de forma correcta durante los minutos inmediatos al accidente.

La eficiencia de los servicios de salud, porque uno pasa a depender íntegramente de los dispositivos sanitarios. Influye todo: la celeridad en la llegada de la ambulancia, la calidad de la intervención, la articulación con las fuerzas de seguridad, la preservación de las víctimas y sus pertenencias. Pero también la atención en el hospital local, la posibilidad de traslado a ámbitos de mayor complejidad o al lugar de origen de las víctimas, como efectivamente ocurre con Ampi y Coni.

Por todo esto uno no puede más que preocuparse con noticias acerca del achicamiento o desmantelamiento de partes del Estado, sobre todo si atañen a la Salud. Si algo funciona mal, se podría intentar hacer que funcione bien, antes que destruirlo. Sobre todo porque en estos campos, eliminar el sistema público significa vidas o amplificar las desigualdades ya existentes en nuestra sociedad.

Resulta paradójico que, bajo el argumento del funcionamiento defectuoso de algunos efectores, se opte por su clausura, en una estrategia de desprestigio y privatización que los argentinos sufrimos ampliamente durante la década de los 90.

La degradación del Ministerio de Salud y el achicamiento sistemático del sistema público de salud es una política errada que debe ser revisada por los gobiernos nacional y provincial.

Un informe reciente del flamante Observatorio de Políticas en Salud de la Universidad Nacional de La Plata, expresa su preocupación por las últimas medidas tomadas, la privatización del sistema, bajo la pomposa denominación de “Cobertura Universal de Salud” solo llevara a la precarización y al desamparo de miles de argentinos.

Tambien la subejecución de importantes partidas presupuestarias, el vaciado y desfinanciamiento de programas y áreas críticas (como el Plan Nacional de Vacunación) en claro detrimento de la infraestructura hospitalaria y los insumos.

La cobertura de salud de los adultos mayores se ha deteriorado notablemente con el achicamiento del PAMI, el ajuste de su presupuesto, los recortes en medicamentos y la reducción sustancial de sus prestaciones. Además, los trabajadores del sistema han sido castigados con despidos y, al igual que el resto de los asalariados, con una perdida notable del poder adquisitivo del salario.

Estas son las situaciones en que la política se hace carne y puede definir entre la vida y la muerte. Matar al perro para acabar con la rabia no es una estrategia aceptable en un campo tan decisivo para las vidas de las personas, en un país con una estructura impositiva tan regresiva y con cargas tan elevadas. Se necesitan políticas que combatan la corrupción y fortalezcan el ejercicio de los derechos y nunca respuestas demagógicas que terminan favoreciendo los negocios de una minoría.

Ya lo vivimos en Argentina.

Y si bien puede haber visiones contrapuestas y enfrentadas respecto a los problemas, creo que todos coincidimos en que lo que sea que hay que hacer debe ser para poder vivir. Vivir mucho, bien y en tranquilidad con las personas que amamos.