La asamblea comenzó a las 7.30 de la mañana y media hora después se realizó un corte sobre una de las manos de Avenida 520. En la radio abierta, los trabajadores de los distintos institutos de menores que funcionan en el predio denunciaron la situación de precariedad con la que desempeñan sus tareas.

En diálogo con Info BLANCO SOBRE NEGRO, Juan Ramón Martínez, trabajador de minoridad, comentó: “Decidimos realizar una asamblea para visibilizar la situación que estamos viviendo en los institutos. Hace unas semanas hubo un motín y después otro episodio de violencia en el que le clavaron una punta a un maestro. Nuestra actividad se torna cada vez más riesgosa y nadie nos escucha”.

Los trabajadores de minoridad decidieron comenzar un plan de lucha ante una escalada de violencia en los institutos. A principios de mes, en el centro Carlos Ibarra un menor denunció haber sido violado por un grupo de internos. Al otro día, en el COPA los menores alojados iniciaron un motín, con toma de rehenes. Días después, un maestro recibió un puntazo por la espalda.

“Nosotros venimos alertando sobre estos episodios pero nadie escucha. Minimizan cada episodio y no toman cartas en el asunto. Es una bomba de tiempo, si la cosa no estalló hasta ahora es por los trabajadores, pero sin recursos se hace imposible seguir aguantando”, señaló el trabajador.

Además de la falta de seguridad, en la asamblea de esta mañana se denunciaron graves problemas de infraestructura. Los institutos permanecen hace más de un año sin gas y sólo se compran garrafas para cocinar. Los menores se tienen que bañar con agua fría, aún en invierno, y no existe la calefacción.

“Hay un gran faltante de personal. Eso más los salarios bajos nos obliga a hacer horas extras en forma permanente. Ya existe un código entre compañeros de quedarse en las guardias porque si no somos muy pocos y quedamos muy expuestos”, contó Martínez.

Y agregó: “A pesar de los reiterados reclamos no existe una mesa de diálogo. Ningún funcionario se acercó a hablar con nosotros y escuchar nuestra realidad. Cuando pedimos más recursos nos pusieron cámaras de seguridad que son más para controlarnos a nosotros que para darnos seguridad”.

El sistema penal juvenil depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Con el apoyo de ATE, los trabajadores reclamaron incorporación de personal, pase a planta permanente de contratados, aumento de bonificaciones, servicios dignos de agua y gas y provisión de comida de calidad en cantidad suficiente para todos los internos.

“Hace años que desde lo teórico cambió el paradigma y se comenzó a dar talleres y cursos para que los pibes por lo menos salgan con un oficio. El problema es que el Estado no acompaña con recursos y todo depende de nosotros”, concluyó.