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Información General | 29 abr 2019

Opinión

Orden y justicia social

Por Jerónimo Guerrero Iraola / @jerogi - Abogado especializado en DD.HH.


Hemos regalado el orden. En la tarea de significar, hemos abandonado ese vocablo a quienes hacen de él un discurso de mano dura. Tememos pronunciarlo, nos parece que es un término ajeno, impropio. Nos incomoda. Sin embargo, es central construir un orden, disputar su sentido, (re)construir ciertas bases.

Las casualidades hicieron que la pantalla de mi teléfono arrojara la palabra orden varias veces durante el fin de semana. Una nota de Martín Rodríguez (“Orden queremos todos” por @tintalimon), y un video de Iñigo Errejón, en el que explica por qué el orden es indispensable para las y los despojados. Todo ello hizo que aflorara un pensamiento que me acompaña desde hace años.

¿Por qué el orden? La experiencia vital se ha puesto cada vez más dura. Realizar un trámite, obtener una respuesta tanto de una empresa como del estado, acudir a la “justicia”, acceder a la educación, a la salud, a la vivienda, o trabajar, son acciones que nos sitúan frente a realidades complejas y hostiles. En términos de Robert Castel, hemos culminado de edificar una sociedad en la que las posibilidades de reproducción de la vida (digna -no debería aclararse, pero lamentablemente hay que hacerlo -) están dadas por las posesiones. Capital simbólico, capital social y/o capital económico son las fichas que se juegan a cada paso, en cada instancia.

Lo expuesto termina en aquello que describe Errejón en su exposición: las cuestiones centrales se terminan por definir a partir de las redes relacionales que cada quien tenga, o bien del dinero. El saldo es conocido. Las personas históricamente vulneradas son siempre quienes pagan las cuentas del “desorden”. Como abogado en materia de derechos humanos me ha tocado vivirlo. Personas que inician trámites ante la administración y a quienes se mantiene en un “limbo” por años; falta de cobertura de estudios y/o tratamientos médicos, imposibilidad de obtener respuesta de las y los funcionarios judiciales, son algunas de las cuestiones habituales.

El orden es institucionalidad. Y este último término también genera escozor. El orden es transparencia, eficiencia, eficacia. Orden es previsibilidad y no regresión en materia de derechos fundamentales. Orden es capacitación constante de las y los agentes estatales. Orden es no morir por impericia, acción u omisión estatal, es acceder a la educación pública, gratuita y de calidad en condiciones de igualdad, orden es no sufrir discriminación por causa alguna, es poder vivir en libertad, amar, gozar, proyectar.

Hemos abandonado el orden. El caos es redituable para quienes gozan las prebendas de no rendir cuentas. Es también la plataforma desde donde seguir obteniendo beneficios a costa de la ciudadanía. El desarrollo y la inclusión son imposibles en el desorden. La incertidumbre de quienes no tienen más que su existencia genera dolor y sufrimiento. La República Argentina hace muchos años que vive en la desorganización absoluta.

Las agendas a construir deben volver sobre la noción de orden. No alcanzaremos la justicia social, la justicia ecológica y la justicia antipatriarcal sin continuidad de políticas públicas orientadas a igualar. No podemos seguir relegando el diseño de un modelo de Estado que esté preparado para los desafíos actuales y futuros. Es imposible abonar el “continuismo”, porque es contradictorio con la idea de bien común al que (se supone) aspira la dirigencia política.

No sé qué pasará en 2019. Sólo tengo la certeza de que llegamos nuevamente a un proceso electoral en medio de enfrentamientos feroces y una enorme incapacidad de construir consensos. No es tibieza, ni eludir el bulto. Al contrario. Mientras tanto, en el suelo, las mismas personas siguen sufriendo…

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