El 3 de junio de 2015 las mujeres de todo el país gritamos fuerte “Ni Una Menos. Vivas Nos Queremos”. No era la primera ni iba a ser la última vez. Las muertes violentas y machistas de ese otoño de 2015, como las de Diana García y Chiara Paez, fueron la gota que rebalsó el vaso y motivaron que saliéramos a la calle para reclamar y visibilizar la violencia histórica en la que vivimos las mujeres, que tiene su cara más atroz en la muerte pero que se manifiesta en múltiples formas cotidianas.

Una de las prácticas en las que con mayor crudeza se expresa el dominio sobre las mujeres es la violencia de género, es decir, la violencia ejercida hacia las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres. Este tipo de violencia trasciende fronteras, sucede en la mayoría de las sociedades, se da en personas de todos los grupos sociales, étnicos, culturales, de cualquier edad, nivel de ingresos, estudios u ocupación. En todas partes, se reconoce a la violencia de género como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones, que nos coloca en una situación de subordinación frente al varón y que puede tener por resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico.

Así, la desigualdad laboral, la desigualdad política, la discriminación, la violencia obstétrica, la desigualdad económica, el “techo de cristal”, la desigualdad frente a las tareas domésticas y la crianza de lxs hijxs son algunas de las tantas formas en las que se manifiestan las diferencias que afectan a las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado.

Como la violencia contra las mujeres no es un asunto privado e individual sino que es una violación de los derechos humanos y es por lo tanto una cuestión de Estado debemos preguntarnos qué falta en el Estado para erradicar, prevenir y sancionar todos los tipos de violencias.

En primer lugar lo que falta es la asignación de mayor presupuesto

Si bien la erradicación de la violencia de género no es un hecho que se va a dar de forma lineal ni directa porque obedece a distintos factores, en términos de políticas públicas se requiere de forma urgente la designación de mayores partidas de dinero para cumplir con la Ley 26485.

El presupuesto nacional es la ley que fija las prioridades el gobierno en materia de políticas públicas. El poder ejecutivo nacional destinará 234,3 millones de pesos del presupuesto 2019 al Instituto Nacional de las Mujeres – INAM-. Según el observatorio de políticas de género de MuMaLá – colectivo feminista de Mujeres de la Matria Latinoamericana – el gobierno nacional destinó para el 2019 sólo $ 11 por mujer, una retracción del 18% menos en relación al presupuesto del 2018, sin tener en cuenta la devaluación y la inflación de este año. Presupuesto inexistente, teniendo en cuenta, por ejemplo, que cada viaje en colectivo cuesta $14 promedio.

Más allá de las políticas de ajuste que lleva adelante este gobierno, ningún gobierno podrá hacer frente a la prevención y a cuidado de las víctimas y sus familias si no destina partidas presupuestarias realistas y acordes para aplicar la ley.

Una política económica neoliberal en la que se ven reducidas las partidas presupuestarias asignadas a los bienes y servicios que brinda el Estado como la que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri junto a un aumento del pago de deuda pública, producirán sin dudas un efecto adverso mayor sobre la vida de las mujeres y niñas y sus posibilidades de lograr vidas libres y autónomas.

En segundo lugar necesitamos una economía con perspectiva de género

Entre los retos actuales, las políticas económicas deberían trazar un camino para poner la vida en el centro de la construcción de una Argentina más justa o con justicia social. El poder ejecutivo debería – o deberá en un próximo gobierno – diseñar e implementar políticas económicas, presupuestarias y fiscales para redistribuir la riqueza, trabajar contra las desigualdades e incorporar las necesidades específicas de las mujeres.

La economía con perspectiva de género debería incidir sobre la precariedad laboral de las mujeres porque más allá de los empleos no remunerados hay un trabajo de cuidados no visibilizados, existe un gasto superlativo en productos denominado el “impuesto rosa” y en el sector privado prevalece la brecha salarial por distinción de género.

Según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa – CAME – las mujeres pagan un 11,35% más caro los productos destinados a ellas respecto a sus equivalentes por igual marca orientados a hombres, en este “impuesto rosa” que no es más que un sobreprecio que tributan las versiones femeninas de determinados artículos, sin contar el gasto que se tiene en productos de uso exclusivamente femenino.

A todo esto, es indispensable que se resguarde la política previsional con perspectiva de género y la pensión para las madres de familias numerosas, reconociendo el aporte económico a través del trabajo de cuidado.

En tercer lugar lo que falta es un urbanismo feminista

El desarrollo urbano debería buscar y aumentar la seguridad para mejorar la calidad de vida de las mujeres mediante el desarrollo y la aplicación de un enfoque del desarrollo del hábitat con respecto a la prevención de la violencia sexual y el libre tránsito en los espacios públicos.

Para alcanzar este objetivo el gobierno debería trabajar en conjunto con las fuerzas de seguridad, el sector del transporte, los desarrolladores urbanos y los movimientos de mujeres para integrar la perspectiva de género en la planificación urbana y el hábitat.

Las ciudades deben ser lugares en los que las mujeres puedan ejercer con libertad su derecho a transitar sin miedos, su derecho a salir y sentirse seguras, por lo que la planificación del transporte público, la luminaria urbana y el tramado de los espacios públicos deben tener en cuenta la promoción de la seguridad en este sentido.

También deben tener en cuenta la creación de jardines maternales estatales y comunitarios, de espacios de escolaridad y recreación accesibles para lxs hijxs para mejorar las condiciones de vida y laborales de las mujeres.

Una construcción social que será modificada

Estos tres puntos son igual de importantes, el orden solo obedece a la necesidad de enumerar lo que debe ser prioritario. Los tres deben conjugarse en la imperiosa necesidad de generar un Estado cuya perspectiva de género atraviese todos los estamentos y todas las áreas porque el principal desafío es generar espacios de formación e intercambio para incorporar una perspectiva de equidad de género y diversidad en nuestras prácticas cotidianas con el fin de desnaturalizar la desigualdad que en definitiva es camino para la prevención de vínculos violentos.

La construcción social, histórica y política de los roles y los estereotipos de género en el marco de sociedades patriarcales y el modo en que reproducen las relaciones desiguales de poder basadas en una lógica binaria y heteronormativa, son esto: construcciones sociales, por lo tanto, debemos tener presente que estas construcciones son dinámicas y por lo tanto, las situaciones de violencia y los posicionamientos subjetivos pueden ser transformados con un nuevo contrato social, con compromiso político, partidas presupuestarias y políticas activas. De nada sirve una sin la otra.

Lic. Cecilia Gómez Mirada, Ex Directora de Políticas de Género
Directora de Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires
Grupo Callao – Agenda Argentina