“Hay un inusitado pedido de la fiscal Victoria Huergo para que se realice en agosto del 2019, en plena campaña electoral”, denunció José Schulman, referente de La liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Junto al abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Oscar Rodríguez, Shulman encabezó un encuentro (junto a figuras y entidades vinculadas a los DD.HH.) con los medios locales y provinciales para señalar esta novedad, que despierta sospechas entre propios y extraños, y entre dirigentes cercanos y no tan cercanos al dirigente peronista Mariano Bruera.

Los mencionados letrados esta mañana resaltaron que entre los fundamentos del escrito por el adelantamiento del juicio, la fiscal expresa en un párrafo: “Máxime encontrándose imputado el hermano de quien ocupará el cargo de intendente durante dos periodos”.

“Claramente, la fiscal demuestra en sus fundamentos que las motivaciones de sus peticiones se encuentran absolutamente alejadas de los objetivos y principios legales que marcan su actuación como Agente de la Justicia, pues utilizar el grado de parentesco de un acusado y la función política que ese pariente cumplió en el pasado como fundamento de un acto de impulso procesal, no permite deducir otra conclusión", aseguró Schulman.

El dirigente del PJ consultado advirtió que “la Fiscal Huergo no impulsa el proceso desde la perspectiva del hecho supuestamente cometido, sino por condiciones personales de Mariano Bruera, ejerciendo arbitraria e irracionalmente sus atribuciones”, y consideró que “en este marco es dable esperar que el fundamento de su acusación y el correspondiente pedido de pena se apoyará indefectiblemente en situaciones personales del acusado”.

“Hay una judicialización de la política, una persecución de otro, del otro que piensa distinto. Una voluntad persecutoria a la oposición para poder gobernar sin interferencias", expresó, por su parte, el abogado que integra la APDH, Oscar Rodriguez, que también es especialista en Derechos Humanos.

En un escrito, el Partido Justicialista hizo referencia a la fiscal de la causa: “En virtud del principio de legalidad, coherencia y objetividad que debe observar en cada actuación, debería motivar cada pedido y decisión en las constancias del expediente y no en consideraciones absolutamente vagas y sin constancia alguna es que se pidió intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

“Son presos políticos por decisión del poder, son presos políticos porque nos impiden el derecho a ser, así como dicen que no tenemos derecho a un celular tampoco tenemos derecho a la libertad. Los grandes medios y corporaciones impiden la participación de todo tipo de resistencia, de alguien que pueda generar una influencia en la sociedad", concluyó Schulman.