Foto: Malena García

El 9 de agosto de 2015 Marcela Mendoza fue privada de su libertad bajo la modalidad de prisión preventiva, acusándola de asesinar a Eduardo Gómez, su ex pareja. Desde entonces, se encuentra privada de la libertad en la Unidad 33 de Los Hornos. Su caso es apoyado por organizaciones feministas y de derechos humanos.

Eduardo Gómez había sido denunciado dos veces por Marcela ante la Justicia por violencia de género. Desde entonces, le asignaron una restricción perimetral que, según las hijas de Marcela, él no respetaba. En agosto de 2015, Gómez se mostró insistente para que él y Marcela se encuentren. Se dirigieron hacia la ruta 11 en el Volkswagen Gol blanco de él.

Marcela cuenta que Gómez comenzó a ponerse cada vez más violento: golpeaba el volante y aceleraba más de la cuenta. Allí intentó prenderla fuego, pero Marcela logró arrojarse del auto por el asiento del acompañante. Para Gómez, el episodio le implicó graves quemaduras, que provocaron su muerte en el Hospital San Martín de La Plata tres días después. Sin embargo, mientras él fue trasladado al hospital, ella fue trasladada a la comisaría, pese a que también tenía quemaduras en el dorso de su mano derecha.

El 16 de abril de 2018 los jueces Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini, definieron condenar a cadena perpetua a Marcela Mendoza en el Tribunal Oral N°3 de La Plata, culpandola por el hecho bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo. En ese entonces, Marcela fue condenada sin pruebas suficientes. Recién el 17 de abril de 2019 la Cámara de Casación revisó el fallo y lo anuló por las diversas irregularidades que fueron señaladas. Por ejemplo, no se habían realizado las pericias para identificar cuál había sido el líquido que provocó el incendio.

“Hoy es un día muy especial, porque hoy se están cumpliendo los cuatro años de que estoy detenida, para mí eso es revivir todo de nuevo, esperando una respuesta que nunca llega. Lo que yo estoy pidiendo acá es que se aplique la ley y que se haga justicia” dice Marcela.

Actualmente, Marcela sigue privada de la libertad, pese a que su juicio fue anulado y las situaciones de violencia de género que atravesó. La causa está a cargo de la fiscal Silvina Langone y el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº4 de La Plata, Emir Alfredo Caputo Tártara, quien aún no ha dado una respuesta a los recursos presentados por la defensa de Marcela. “Ni me niegan ni me dan la libertad, te das cuenta”, dice Marcela. “Cuáles son los motivos no entiendo, pero ya va reteniendo esto dos meses y medio. Cuando un hábeas corpus y un pronto despacho tienen una resolución de 48 horas según el Código Penal. Esa es la ley que aplican estos jueces”, agrega.

Actualmente Marcela trabaja en la producción de broches en la Unidad 33. También asiste a diversos talleres de pintura sobre tela y madera. “Puedo ir al taller de Atrapamuros, que cuando estoy bien voy… Pero últimamente, anímicamente no ando muy bien, así que por ahí me quedo en mi celda”, comenta Marcela. “Porque la verdad que todo este proceso de tantos años es desgastante, angustiante. Estoy pasando también por una situación de que pedí una salida extraordinaria para ver a mi mamá que está muy delicada de salud y tampoco me la respondieron”.

Si bien el uso de la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional, el informe “Mujeres en prisión” del CELS indica que el 55,4% de las mujeres privadas de la libertad están detenidas bajo esta forma. “Tengo compañeras que están en la misma situación, hay una compañera que lleva procesada cinco años sin tener condena”, afirma.

“La verdad que estoy tratando de sacar la fuerza en el día a día, que me cuesta demasiado. Hoy ya me está pesando demasiado. He llegado a una etapa en la cual estoy muy angustiada, muy deprimida, sin encontrar respuesta a por qué sigo detenida siendo que fui víctima siempre” dice Marcela. Y finaliza: “Lo que realmente quiero es irme a mi casa, eso es lo que quiero”.