(ANDAR Agencia) – El martes 13 de agosto un equipo del Comité contra la tortura de la CPM realizó una inspección de rutina en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, donde recorrieron distintos espacios: el pabellón 8 de admisión, la leonera o celda de vigilancia y tratamiento, la leonera de control y el sector de sanidad. En ese momento se encontraron con el penal colapsado.

Según lo que expresaron las autoridades, la UP 23 cuenta con 482 plazas, sumadas a las 562 personas por el cupo impuesto por el Servicio Penitenciario, lo que da un total de 964 personas. Al momento de la inspección había 1.526 personas efectivamente alojadas, lo que genera entre, otros gravámenes, una situación de hacinamiento extremo.

Luego de la exhaustiva inspección, la CPM presentó un habeas corpus ante el juzgado correccional 5 del Departamento Judicial de Quilmes, advirtiendo las deplorables condiciones de vida de las personas detenidas y poniendo énfasis en los riesgos posibles producto del hacinamiento. Además, solicitó que se prohíba el ingreso de más personas al penal.

Se solicitó la destrucción total de la leonera de control que se encuentra en la intemperie, y que se retiren las rejas para imposibilitar que sea utilizada nuevamente; la clausura definitiva de la leonera de vigilancia y tratamiento y cualquier sector similar que no reúna las mínimas condiciones de habitabilidad; se redistribuya a la población alojada en ambos sectores, teniendo en cuenta la voluntad de las personas y se modifique el régimen de vida imperante en el pabellón 8 (admisión), prohibiéndose el aislamiento absoluto y permitiendo el acceso de los detenidos a actividades recreativas, educativas y laborales

El 23 de agosto, el juzgado dispuso como medida cautelar la clausura preventiva de las leoneras y la reubicación de las personas detenidas. Este martes la CPM se constituyo en la UP 23 para verificar el cumplimiento de las medidas dispuestas. En el lugar además estuvo presente la jueza Martucci, titular del Juzgado Correccional 5 de Quilmes, que concurrió a la diligencia acompañada por un perito ingeniero y un fotógrafo forense.

Luego de inspeccionar las leoneras, verificar las condiciones materiales en las que se encontraba y certificar que dichas condiciones eran un riesgo para la integridad física de las personas, Martucci dio la orden de clausurarlas hasta tanto no se lleven a cabo las refacciones necesarias para su correcta utilización. A su vez, se procedió a recorrer el pabellón 8 de admisión y pudo comprobarse que se encontraba completo en su capacidad. Sobre este pabellón la jueza esperará los resultados de la pericia para dictaminar.

Durante la primera inspección la CPM pudo constatar en la celda llamada leonera de control un espacio solo de rejas, formando una jaula, con iluminación artificial, sin mobiliario ni baño. Tampoco cuenta con letrina ni sistema de cañerías para acceder a agua potable, y sin camastros, colchones, electricidad o condiciones materiales mínimas había seis personas alojadas. También se constató que en las jaulas de vigilancia y tratamiento estaban alojadas once personas y ninguna celda tenía colchones: las personas detenidas debían descansar sobre frazadas improvisadas o dormían apiladas; tampoco reciben alimentación suficiente. A su vez, cada celda posee un inodoro que no tiene conexión de agua, por lo cual deben higienizarse parados con agua en botellas que les alcanzan otras personas detenidas.

En el pabellón de admisión, al momento de la inspección, se encontraban alojadas 28 personas en celdas individuales y según el relato de las personas detenidas siete viven en las duchas pero habían sido retiradas minutos antes del ingreso del equipo del Comité.