Los jueces Carlos Argüero y Raúl Dalto de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones y Garantías ordenaron la excarcelación de Mariano Bruera y el ex secretario de Gestión Pública, Enrique Sette, por considerar que no existen riesgos procesales. La medida fue dictada la semana pasada pero se efectivizó este martes.

Bruera está acusado de liderar una “asociación ilícita” y Sette está por “exacciones ilícitas” y “cohecho pasivo”. Todo en el marco de una causa que investiga el presunto pedido de coimas a propietarios de terrenos a cambio de su rezonificación.

En octubre de 2017, Bruera obtuvo el beneficio de un arresto domiciliario con permiso de salidas laborales. En una medida tildada como “política” por su defensa, se había dispuesto que el 28 de agosto comenzarán el juicio oral. Sin embargo, por un inconveniente con uno de los abogados de la parte acusatoria el proceso fue reprogramado para octubre de 2022.

En diálogo con Info BLANCO SOBRE NEGRO, el presidente del Partido Justicialista de La Plata, Luis Lugones, aseguró: “Hubo una parcialidad manifiesta de la fiscal Victoria Huergo y su intencionalidad política quedó en evidencia al pedir el juicio oral en una etapa electoral sin haber concluido todos los pasos que requería el procedimiento”.

“No era posible que siguiera con la prisión preventiva que es ilegal e ilegítima. Es una medida totalmente arbitraria porque Mariano Bruera es una persona sin antecedentes penales que siempre se presentó cuando fue requerido por la justicia y además no podía entorpecer la investigación porque ya fue concluida hace un año. Lo que hicieron fue una pena anticipada”, agregó Lugones.

Las exarcelaciones fueron ordenadas la semana pasada y fueron avaladas por la fiscal. Los jueces solicitaron trabar un embargo de un millón de pesos que terminó de concretarse este martes.

A Bruera se lo acusa de encabezar una asociación ilícita que exigía dinero en forma ilegal a propietarios de terrenos a cambio de su rezonificación, en el marco de una ordenanza que buscaba generar nuevos lotes para beneficiarios del Procrear que estaban imposibilitados de comprar tierra a precio del mercado.

“La doctrina Irurzun es totalmente inconstitucional. La cuestión fue planteada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la ONU porque es una arbitrariedad manifiesta”, opinó el titular del PJ La Plata.

Por su parte, Alejandro Montone, abogado de Bruera, aseguró: “En el juicio se va a demostrar que no tienen pruebas. De todos modos, en el hipotético caso de que los declarasen culpables hay que decir que ya cumplieron casi la totalidad de una eventual condena”.