El Centro de Estudios Desarrollo y Territorio La Dorrego publicó un análisis sobre el decreto del intendente Julio Garro que modifica el Código de Ordenamiento Urbano y habilita desarrollos inmobiliarios en más de mil hectáreas de la zona norte y sur de la ciudad.

“No hay muchos antecedentes en la Provincia de Buenos Aires de un intento tan grosero para acomodar partes muy sustanciales de un COU mediante un simple decreto que dice textualmente que modifica artículos de la ordenanza del Código”, alertaron en un comunicado.

Y agregaron: “Constituye una enorme superficie libre para uno de los productos inmobiliarios que más habría que desalentar: la urbanización extensiva de baja densidad, sin ningún servicio, en áreas críticas de las cuencas altas y nacientes de arroyos, sin casi inversiones, con grandes beneficios para los desarrolladores y graves hipotecas para el estado y la sociedad a futuro”.

El CEDYT explicó lo innecesario de esta medida a partir del hecho de que actualmente existen en áreas urbanas unas 1200 hectáreas baldías en grandes fracciones que serían “más que suficientes para el crecimiento de una década o más, y sin computar las parcelas menores”.

Por otra parte, el texto advierte que el decreto “regulariza” 60 hectáreas de “condominios” que son “verdaderos barrios cerrados” y por lo tanto deberían encuadrarse en otra normativa mucho más exigente que es el del Decreto provincial 27/98. “En varios de los casos además no hay una sola construcción con lo que es difícil entender qué se quiere regularizar”, remarcaron.

Además, el informe señala que las cláusulas del decreto que hablan de “parques lineales inundables” son “meramente declarativas” ya que no tienen “ninguna especificación operativa ni técnica ni jurídica, con lo cual se frustra la adopción de medidas imprescindibles para reducir el riesgo hídrico”.

En la misma línea, explica que la medida del intendente mantiene la “inapropiada restricción del código actual para los usos que vulneren el área protegida, ya que solo incluye el cauce, el humedal y una franja de 150 metros adicionales cuando el área alcanzada por la ley es mucho más amplia”, y agrega: “Como agravante, el decreto anula directamente la remisión a estudios particulares que promueve el COU existente”.

El decreto menciona como antecedente las supuestas conclusiones del “Plan Estratégico 2030”. Sin embargo, tanto las asambleas de inundados como el Centro de Estudios Desarrollo y Territorio explicaron que este plan fue interrumpido en la etapa de diagnóstico.

“Las intenciones que se mencionan entran manera evidente entran en total contradicción con lo que después se pretende disponer: ‘modelo de ciudad compacta y multicéntrica’, ‘ciudad sostenible y resiliente’, ‘acceso universal al hábitat’, ‘desarrollo económico productivo regional’. Se incurre por lo tanto en manifiesta ‘falsedad ideológica’”, denunció el organismo.

Además alertaron que mientras este decreto no se impugne “las áreas administrativas podrían ya estar comenzándose a dar curso a actuaciones, subdivisiones, aprobación de planos de propiedad horizontal, aprobación de construcciones, etc, que podrían ser argumentos para reclamar supuestos ‘derechos adquiridos’ o ‘hechos consolidados’ por parte de los particulares”.

“En connivencia con funcionarios de organismos provinciales, algunos de esos trámites podrían tener incluso una aprobación irregular en sede provincial, de lo cual ya hay antecedentes, pero que consolida más aun los hechos”, agregaron.

En las conclusiones, el documento asegura que “un simple decreto de pocas páginas pretende cambiar aspectos absolutamente sensibles de la configuración del territorio platense y la asignación de derechos de uso y económicos”, y subraya que “claramente busca facilitar el modelo de crecimiento menos sustentable y más gravoso para el estado y la sociedad, pero que más beneficios genera para unos pocos actores inmobiliarios por peso invertido”.

Por último, recomienda una “fuerte denuncia pública y el pedido de medidas cautelares a la justicia por manifiesta ilegalidad en los procedimientos que establece la ley y falsedad ideológica por invocar antecedentes inexistentes”.