“¿A qué se debe esta situación? Hay múltiples factores, y uno de ellos es sin duda la ausencia del Estado en los que se refiere al desarrollo de campañas de prevención y concientización, como así también la ausencia de inversión pública”, explicó Martello.

En la Argentina viven alrededor de 110 mil personas con VIH, de las cuales -según las estadísticas oficiales – el 30% no conoce su situación. Y se continúan infectando alrededor de 5 mil personas por año, de las cuales unas 100 de ellas se infectan por transmisión vertical, es decir, de madre a hijo o hija.

En ese contexto, un punto a tener en cuenta es lo que está sucediendo con la denominada Profilaxis Post Exposición (PEP). Según explicó Martello, se trata de una herramienta de eficacia comprobada, que se incluye dentro del paquete de medidas de la estrategia de Prevención combinada para reducir el riesgo de transmisión del VIH.

Con el objetivo de conocer la situación actual de oferta de PEP en el territorio nacional, y de ampliar el acceso a esta estrategia, desde la Dirección de Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis (DSETSHyT) se realizó este año un estudio.

Concretamente, se instrumentó un relevamiento nacional, provincial y municipal. Se llevó a cabo durante los meses de mayo y junio de 2019 y se propuso auditar el estado actual de oferta y dispensa de PEP en efectores del sistema de salud.

El resultado muestra a Córdoba como la provincia con mayor cantidad de Profilaxis dispensadas, mientras que Buenos Aires se encuentra en los últimos lugares.

Algunos números hablan por sí solos; Córdoba, que tiene una población muy inferior a la de la provincia de Buenos Aires y una tasa de mortalidad por Sida muy por debajo de la tasa bonaerense (2,19 contra 3,85), dispensa mensualmente 12,5 veces más PEP que Buenos Aires.

Una de las preguntas de la encuesta, realizada por Dirección de Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis, consistió en identificar obstáculos para la oferta de PEP.

El 65% de las personas encuestadas mencionó en primer lugar la falta de actualización de contenidos sobre el tema, seguido por la ausencia de servicios en consejería sexual (36,5%), la baja demanda de los/as usuarios/as (30,77%), la sobrecarga laboral (26,9%), la disponibilidad horaria reducida para la entrega de medicación (19.23%) y un 11,5% lo atribuyó a la provisión insuficiente de medicamentos.

¿Qué pasa con la inversión pública?

Pese a que a que desde hace año no bajan los índices de mortalidad, la inversión pública del Estado nacional registró continuos recortes y subejecuciones presupuestarias, lo que generó enormes dificultades para el desarrollado de las políticas públicas contempladas en el programa nacional “Lucha contra el SIDA y enfermedad de Transmisión Sexual”.

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia destacó que las cifras, informadas por el Ministerio de Hacienda de la Nación, hablan por si solas: en 2019, se aplicó un recorte de más de $205 millones en las partidas asignadas al mencionado programa, que se suman a los más de $201 millones recortados en 2018 y a los casi $516 millones en 2017.

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