Bajo el título “Es hora de soberanía alimentaria”, las organizaciones subrayaron que existe “una posibilidad histórica para estatizar un segmento de la producción, su distribución y la gestión de los alimentos por parte del Estado nacional”.

Para eso, ofrecieron el “acompañamiento de las organizaciones de productores/ras de la agricultura familiar, campesina e indígena”, y evaluaron que “parte de ese camino es la estatización de Vicentín”.

“Vicentín al servicio de las mesas de todos y todas”, remarcaron, al lado de la etiqueta #ArgentinaContraElHambre.

La situación de la cerealera quedó en el centro de las denuncias porque recibió una cifra inusual de préstamos de parte del Banco Nación que no devolvió y porque fue aportante para las campañas proselitistas de Juntos por el Cambio.

La firma, investigada por presuntas “maniobras fraudulentas”, aseguró hoy que el dinero que recibió “no se fugó del país sino que está invertida en bienes productivos”.

Algunos dirigentes también se expresaron a favor de estatizar la cerealera. “La oportunidad para que el Estado Argentino se convierta en actor fundamental de la actividad agroexportadora de granos es ahora. ¿Cómo? Estatizar la empresa Vicentín aprovechando que el grueso de sus acreedores son el Banco Nación y el Banco Provincia”, aseguró el senador provincial del Frente de Todos, Francisco “Paco” Durañona.

Y agregó: “No planteo expropiar, sino aprovechar los créditos a favor del Estado Nacional y Provincial para tener participación en el paquete accionario”.

La diputada nacional Fernanda Vallejos compartió esta idea y destacó: “Suscribo fervientemente. Es un camino perfectamente viable, enmarcado legalmente en la ley de quiebras”.

Por su parte, el dirigente de la UTEP La Plata Edgardo “Turco” Jalil, advirtió que “el gobierno se encuentra ante una posibilidad histórica de volver a tener injerencia en el marcado de cereales, como lo hizo el peronismo con la Junta Nacional de Granos”, y aclaró: “Aunque se trate de casos distintos y situaciones históricas diferentes”.

“Lo importante es que el Estado argentino logre conducir un proceso de desarrollo sostenible y con justicia social, y para ello su participación parcial, o el control total de la empresa, puede ser muy importante”, concluyó Jalil.

El comunicado que reclama su estatización está firmado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI-VC) , la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), el MTE-Rural, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente Agrario Evita (Rama Rural del Movimiento Evita), el Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor), la Federación Nacional Campesina (FNC), y La Vía Campesina.