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El miércoles pasado la fiscal Verónica Zamboni pidió cupo en Dolores para alojar a los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa.

“Tanto para los directivos de la institución como para los internos entrevistados, el principal problema que enfrentan es la sobrepoblación, que obliga a compartir celdas de espacio muy reducido a cinco y hasta seis personas, en las que comparten colchones y mantas; pasando a un segundo plano el deterioro estructural de un edificio que data de fines del siglo XIX”, señala un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

En noviembre de 2019, el organismo hizo otro relevamiento en el lugar y contabilizó 958 internos para 422 plazas.

“El hacinamiento genera un régimen de vida sustentado en el aislamiento extremo, la escasa circulación y realización de actividades, lo que provoca gran cantidad de horas de encierro”, también señaló (en un habeas corpus colectivo) la Comisión Provincial de la Memoria (CPM).

Según el organismo, existen “deplorables e inhumanas condiciones de alojamiento en los pabellones inspeccionados”.

También la CPM denunció públicamente que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) hace una “utilización discrecional” de la distribución de presos en los 13 pabellones que hay en el penal: Comprobó que en algunos había 125 presos y en otro con la misma capacidad, sólo 19. La explicación que dio el SPB es que los evangelistas tienen mejores condiciones de alojamiento.

En total hay 628 internos procesados, de los cuales sólo 277 recibieron alguna condena. Hay 40 guardias para vigilar todo el edificio, en el que la tensión es constante por las “inhumanas condiciones de alojamiento”.

Pero las profundas diferencias sociales que existen en Argentina tienen su correlato en el penal. Un joven detenido por robar un auto, por ejemplo, terminaría en una celda hacinada, donde conviven hasta 6 internos en lugares preparados para uno o dos reclusos.

En cambio, el grupo de rugbiers podría ser trasladado -según se informó – al pabellón 10 bis, que está separado de la población carcelaria.

Entre los conocedores de los usos y costumbres del sistema penitenciario se da por hecho que las familias de Zárate harán una “cuantiosa contribución” para que sus hijos no sufran el trato cruel y despiadado que reciben quienes llegan al lugar y les toca permanecer.

Para esas familias acomodadas la imagen de las cárceles como lugar de tortura (y no de reinserción social) seguramente hasta estos días resultarían muy lejanas, de otro mundo que el que viven.

El brutal crimen por el que están imputados los rugbiers unirá por algún tiempo a los nacidos en la pobreza con estos jóvenes criados en countries. Pero vinculará a los asesinos de Fernando con otros delincuentes de otra forma, alojados en un sector diferente, mucho mejor.

Es lógico, en el penal de Dolores vivir como en el infierno es siempre el destino de los mismos, como afuera de las cárceles.