“En el caso de las cárceles, la emergencia sanitaria pone de relieve una situación que los organismos de derechos humanos denuncian año tras año: el estado de superpoblación extrema y la crisis habitacional que la misma conlleva, la cual se manifiesta en la pésima alimentación, las muertes por enfermedades curables como la tuberculosis, la falta de espacio para dormir y la falta de cupos para realizar actividades laborales, educativas o recreativas. Según la Comisión Provincial por la Memoria, la sobrepoblación es del 100 por ciento, con 46.000 presos/as y 21.000 plazas en el sistema de la Provincia de Buenos Aires (provincia que aloja más de la mitad de la población de personas privadas de su libertad en Argentina) y 4.200 detenidos/as en comisarías, con apenas 1020 plazas”, expresaron las organizaciones firmantes.

Y agregaron: “Esta situación se replica en las cárceles de todo el país: el hacinamiento, la precariedad del sistema de salud en las Unidades Penitenciarias, la falta de ventilación, el escaso acceso a elementos de higiene, sumado a que una gran cantidad de personas detenidas padecen asma, tuberculosis y hepatitis, implica una situación de vulnerabilidad específicamente grave para el contagio de enfermedades virales”.

También señalaron que “la grave problemática de hacinamiento fue denunciada por las personas privadas de la libertad en las huelgas de hambre de diciembre del año pasado en las cárceles bonaerenses”, y que “la epidemia del COVID-19 llevó a protestas en cárceles de distintos puntos del país”.

Al respecto, detallaron: “En Santa Fe estas protestas concluyeron con la muerte de un preso en Coronda, y de cuatro en Las Flores”.

“Las organizaciones sociales en cárceles y de derechos humanos nos encontramos en estado de alerta por esta situación, ya que cientos de personas privadas de la libertad se ven en la necesidad de poner en riesgo su vida en amotinamientos y huelgas de hambre que tienen por único fin visibilizar el colapso penitenciario y exigir condiciones dignas de vida”, afirmaron en el comunicado.

El panorama que describieron continúa destacando: " Más allá de acciones como adoptar medidas de bioseguridad y extremar la higiene en las Unidades Penitenciarias – los cambios de guardia se realizan sin ningún tipo de control sanitario -, es urgente tomar medidas que tiendan a descomprimir las cárceles, tales como excarcelaciones y medidas de prisión domiciliaria para la población de mayor riesgo ante el COVID-19: quienes hayan cumplido 65 o más años de edad, mujeres embarazadas y/o que convivan con sus hijos/as, y personas con enfermedades como diabetes, insuficiencia renal, hepatitis, hipertensión, HIV y patologías respiratorias".

Ayer el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires habilitó un permiso de tránsito a familiares de detenidos/as para que pudieran realizar el depósito de alimentos.

“Esta situación implica una paradoja: por un lado, si bien se limitó transitoriamente el ingreso de las visitas, éstas son quienes llevan los alimentos y los productos de higiene a los/as detenidos/as cotidianamente. Pero por otro lado, esta resolución, en su afán de mitigar las situaciones de violencia en los penales, trae aparejado que las familias se expongan al virus COVID-19 sin ser personal esencial de las diferentes unidades penitenciarias. Todo esto sumado a las dificultades que ya presentan estas familias para proveerse de alimentos y acercarlos a las unidades y alcaidías debido a la gran crisis económica que atraviesa el país. Por eso entendemos que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar la provisión de alimentos e insumos que garanticen la salubridad, y que cuenta con partidas específicas para ello”, expresaron las organizaciones.

También afirmaron que es necesario “que se impulse la conformación de centros de acopio descentralizados donde las familias, organizaciones sociales y la comunidad en general puedan aportar alimentos y elementos de higiene; así como también crear un cuerpo de veedores que garantice que lo recabado llegue a destino”.

“Como organizaciones nos ponemos a disposición para trabajar y aportar en esta propuesta en pos de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. También es necesario que se tomen medidas que garanticen la comunicación desde adentro con las familias, porque son éstas las que se hacen cargo de las tarjetas control o las cargas de los celulares, y en este contexto son las mismas familias las que no están pudiendo generar ingresos, con los mismos o más gastos para sus familiares detenidos/as”, mencionaron en el comunicado.

“Por todos estos motivos, y en miras a contribuir a que esta situación se pueda atravesar de modo que dejemos de lamentar las muertes de nuestros/as familiares, compañeros/as y seres queridos, es imprescindible que se cumplan en su totalidad los protocolos de prevención dispuestos por organismos del servicio de Justicia atinentes a preservar la salud de las personas privadas de su libertad. En ese sentido, observamos con mucha preocupación la situación en la que se encuentra actualmente el sistema judicial nacional en general y provincial en particular. Las problemáticas estructurales del sistema se agravan en el contexto actual de feria judicial extraordinaria, en vigencia desde el día 21 de este mes: como organizaciones, llamamos a que, atendiendo los protocolos sanitarios y resguardando la salud de las/os trabajadores/as de la justicia, se restablezcan los mecanismos judiciales que se encuentran fuertemente limitados desde el dictamen de la feria judicial, de manera que puedan resolverse con la urgencia que amerita cuestiones vinculadas a la sobrepoblación, el hacinamiento y la higiene, entre otros aspectos centrales que son centrales para el resguardo de las personas privadas de su libertad”, expresaron.

Por último, consideraron “fundamental” que los gobiernos provinciales y nacional “tomen en cuenta las lecturas y experiencias de las personas que están o estuvieron privadas de la libertad, fortaleciendo su participación en la planificación de las políticas públicas destinadas a transformar sus propias condiciones de vida”. Y expresaron que “por eso es necesario reactivar la mesa de diálogo entre personas privadas de su libertad, familiares, organizaciones y los organismos estatales pertinentes que comenzó a llevarse adelante a fines del año pasado a raíz de la difícil situación que se atravesaba en materia alimentaria y humana en las cárceles de la provincia”.

Adhesiones:

- Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles (ACIFAD)

- Asociación Civil La Pocho Lepratti

- Asociación Pensamiento Penal (APP)

- Atrapamuros – Organización Popular en Cárceles

- Bandada Feminismo Entre Rejas

- Proyecto De los Muros a la Acción

- Grupo de Estudios Sobre Educación En Cárceles (GESEC)

- Limando Rejas

- Movimiento Popular La Dignidad

- Rama de Liberados/as y Familiares del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)

- Reverdecer – Jardinería, huerta, soberanía alimentaria en Contextos de Encierro. Proyecto de Extensión de la Facultad de Agronomía (UBA)

- Vamos – Frente Patria Grande

- Yo no fui – Organización política y social