La “Campaña Nacional contra la Violencia Institucional”, una reconocida entidad defensora de los Derechos Humanos, hizo una presentación en nombre de 653 personas privadas de la libertad que están alojadas en casi todos los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de la pandemia advierten sobre “los riesgos de no tomar resoluciones definitivas” por parte de la Corte bonaerense, y solicitan “libertades y medidas morigeradoras de la coerción que viene sufriendo un conjunto determinado de personas privadas de la libertad”.

Explicaron que lo hacen “teniendo en cuenta, más allá de las acciones ajustadas a derecho que puedan realizar las instancias ejecutivas” que ante esta situación de emergencia “la responsabilidad primera de garantía de derechos está en manos de las distintas instancias del Poder judicial”.

La denuncia, explicaron a Info BLANCO SOBRE NEGRO , busca evitar “un exterminio a gran escala que podría producirse si no se toman cartas en el asunto”.

En el Anexo I se consignan datos estadístico con su análisis sociológico, y en el Anexo III hay una síntesis de las recomendaciones, propuestas y pedidos que realizaron organismos e instituciones a nivel internacional, nacional y provincial.