“La población carcelaria al mes de diciembre del año pasado (inicio de la gestión Kicillof) era de 45.000 detenidos, siendo al día de la fecha de 40.900 personas privadas de la libertad, es decir, hubo una reducción de 4.100 plazas en el lapso de cuatro meses”, señaló Santecchia.

Además, aclaró: “La mayoría de estas libertades fueron fundadas judicialmente sobre la pandemia Covid-19 y en su mayoría otorgadas a delitos menores, es decir, hasta ahora fuera de la tipología de delitos contra la integridad sexual, contra la vida y la violencia de genero. Todo un dato cuantitativo, pero no menos llamativo. Les aseguro que no tengo registro de semejante reducción de la población carcelaria en tan pocos meses”.

El dirigente platense hizo referencia también a la polémica que estalló en las redes y los medios de comunicación: “En estos días hubo circulación de información de todo tipo, acusaciones de un dirigente a otro, planteos ideológicos de derecha a izquierda, que no hacen más que opacar la realidad y dificultar la posibilidad de transparentar los hechos, que tanto preocupan hoy a la población”.

“No tenemos elementos para confirmar, o negar, que existe voluntad política del gobierno nacional y provincial para una liberación masiva de detenidos. Pero es cierto que este problema ha afectado la sensibilidad de todos los argentinos en general, pero sobre todo de las víctimas de delitos en particular”, agregó.

También aseguró que la sociedad está “frente a un problema de extrema preocupación, que podría afectar el equilibrio y la independencia de los Poderes, pero también a una cuestión socialmente problematizada sobre la seguridad y la salud pública”.

Sobre el poder judicial dijo que “es el único y estrictamente responsable de la decisión sobre el presente y futuro de las causas , salvo las conmutaciones de pena, que están bajo la órbita del ministerio de Justicia y el gobernador”.

“Es decir, el juez ordena y el poder ejecutivo lleva adelante la manda judicial”, destacó.

Además hizo referencia al sistema carcelario: “Es la institución que lleva adelante la misión del cumplimiento de la pena y de la resocialización de las personas privadas de la libertad”, dijo, y señaló: “No cuenta con los recursos físicos, humanos y materiales necesarios para responder de manera eficaz y eficiente a un contagio masivo del coronavirus”.

“Hace por lo menos 20 años que no se realiza una obra edilicia carcelaria eficiente, que descomprima y atienda las condiciones de alojamiento, de una manera saludable y sujeta a la legislación y a los estándares internacionales, aunque debo reconocer que el programa Casas por Cárceles amplió el número de cupos y facilitó un mejor cumplimiento de la progresividad de la pena”, agregó.

En este marco de fuertes debates y acusaciones cruzadas, Santecchia propone “destinar fondos para atender la pandemia en las unidades carcelarias”.

“En estos días el Congreso de la Nación posiblemente trate una ley, impulsada por el oficialismo, sobre un impuesto a la riqueza. En su fundamento contempla que los recursos obtenidos serían destinados a atender la pandemia del coronavirus. En este sentido, solicitaríamos se incorpore una partida especial de recursos para aumentar y mejorar los servicios de salud penitenciarios, de manera de dar respuestas institucionales a la enfermedad y evitar que los detenidos salgan indiscriminadamente de las prisiones. La norma permitiría dotar de recursos físicos, humanos y materiales, para que cada unidad carcelaria, previa evaluación, pueda responder de la mejor manera a la asistencia y el tratamiento ante un posible contagio. Como, por ejemplo, crear al efecto los hospitales de campaña”, aclaró.

También expresó la necesidad de “controlar que los fallos judiciales estén sujetos a ley”. Y opinó: “Los jueces solo deben dictar fallos según dispone la ley, no puede haber ningún tipo de innovación jurídica, sino caerían en un vicio de legalidad, con las consecuencias judiciales que atiendan a cada caso o resolución. Este punto me parece que es central, porque derriba toda expresión, en particular de jueces de primera instancia, sobre posibles presiones recibidas, de órganos superiores o políticas para otorgar libertades”.

Por último, instó a que se desarrolle un debate “sobre la cuestión carcelaria, para elaborar una política de Estado a largo plazo”.

“Desde Consenso Federal vemos una gran oportunidad para poner en consideración un debate serio sobre la cuestión carcelaria. Tenemos que salir de la pelea ensordecedora entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que llenan de palabrerío los medios y las redes, sin ofrecer ninguna idea superadora que atienda el sentir de la población”, concluyó Santecchia.