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Pymes en peligro

Biodiesel: las productoras advierten que van camino a la parálisis

Los productores pymes que abastecen al mercado local tienen el precio de venta congelado desde diciembre y no pueden absorber los aumentos del aceite de soja, principal insumo para la fabricación del biodiesel. Inquietud ante la falta de respuesta oficial.

por Gabriela Cesarini

27/07/2020

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A partir de la sanción de la ley 26.093 del año 2006 que establece el “Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles” la industria de los combustibles tomó vuelo y se transformó en un importante dinamizador de las economías rurales del interior de nuestro país.

El marco regulatorio establece que los grandes productores podrán exportar, mientras que los pequeños y medianos tendrán reservados para sí el mercado interno. De ese modo aseguran la sostenibilidad de una industria que agrega valor en origen y contribuye al cuidado del medioambiente.

Alrededor de 30 pymes de La Pampa, Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén abastecen con 1.1 millones de toneladas anuales al mercado local de biodiesel, que en su mayoría se utiliza para cortar el diésel que las refinadoras obtienen de los hidrocarburos.

Durante muchos años el precio del biodiesel que las pymes entregaban a las refinadoras estaba regulado por una fórmula que les aseguraba una rentabilidad razonable y tomaba en cuenta los costos de los distintos componentes de la cadena. Sin embargo, durante el gobierno de Mauricio Macri se desarticuló ese esquema y las plantas comenzaron a operar con serias dificultades.

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles emitió un comunicado en el que cargó duramente contra el gobierno de Cambiemos. “Durante el gobierno de Macri se golpeó sistemáticamente a la industria nacional pyme, y nuestro sector no fue la excepción. Durante su gestión se desarticuló todo el esquema de cálculo de ´precio al punto al punto tal de que la última fórmula válida para nuestra industria fue la vigente a julio de 2015; a partir de allí, los cálculos publicados en la mayoría de los supuestos ni siquiera permitían cubrir los costos variables”.

Pero más allá de cargar responsabilidades en el gobierno anterior, la CEPREB centra su reclamo en lo que consideran un camino ruinoso si no se toman medidas. “Las pymes de nuestro sector van a la parálisis total e inminente quiebra y con esta crisis se da lugar a que los grandes conglomerados agroindustriales extranjeros desplacen a los productores nacionales, lo que conllevaría la pérdida de miles de puestos de trabajo”.

Su análisis se centra en el creciente precio del aceite de soja, que representa el 80% de su costo. Las constantes microdevaluaciones llevaron el tipo de cambio oficial de los 63 pesos el 10 de diciembre de 2019 a los 76 dólares de hoy mientras que el precio de la soja y del aceite de soja mantiene una tendencia alcista.

Ante esta delicada situación, tanto la Cámara cómo los productores vienen realizando intensas gestiones ante el Ministro de la Producción Matías Kulfas.

Por distintas vías y medios enviaron emisarios para tratar de poner el tema sobre la mesa. Saben que no es una tarea sencilla, ya que las prioridades del ministro están puestas en aquellos sectores que están paralizados o que han sufrido severas pérdidas por la pandemia mundial de COVID-19.

Un consultor del sector, que prefirió opinar en off, lo expresó de manera muy sencilla: “El 80% de la economía está en crisis y los funcionarios no tienen tiempo material para atajar los problemas, por ende priorizan atender a aquellos sectores que han dejado de producir. Pero deberían prestar atención al bio, porque con un simple aumento de precios, que no va a afectar en el surtidor, podrían evitar que otro sector más caiga en desgracia”.

Si bien el tema del precio es catalogado como “urgente” por los productores, aparece en el horizonte el tema del vencimiento de la ley. La 26.093 vence en mayo de 2021 y en el oficialismo no hay un criterio unificado sobre qué hacer. Están los que piden prorrogarla hasta el 2024, los que piden prorrogarla con modificaciones y los que directamente quieren hacer una nueva.

En abril, el Gobernador de Tucumán Juan Manzur, pieza fuerte del Frente de Todos, le había pedido al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero la prórroga y éste anunció que se iniciarían los procedimientos administrativos para prorrogar la ley. Sin embargo en un zoom de la liga bioenergética con Kulfas se habló de la posibilidad de hacer una nueva norma.

Consultado por este tema, un importante funcionario del Ministerio de la Producción respondió con una escueta respuesta, y dentro del libreto previsto: “Estamos analizando todo el estado de la industria para evaluar cómo seguir luego del vencimiento”.


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