El jueves 6 de agosto llevamos adelante una Jornada Nacional de Lucha en Salud, con acciones locales y regionales, en los hospitales y centros de salud de la Provincia de Buenos Aires. Lo hicimos en unidad de acción con numerosas organizaciones de trabajadorxs de salud de CABA, el Hospital Nacional Garrahan y los gremios integrantes, junto al Garrahan, de nuestra FeSProSa Histórica: APUAP-Jujuy, APSADES-Salta y UTS-Córdoba.

En esa amplia expresión pública, lxs trabajadores de la Salud pudimos poner en común nuestros reclamos ante gobiernos provinciales y municipales, así como aquellas demandas que dependen del gobierno nacional. Levantamos la voz por la insuficiencia de personal, la falta de convocatoria a paritarias para discutir salarios y condiciones de trabajo, la precarización laboral, la falta de pago del bono estímulo de $ 20.000 en todos los niveles de atención, la negativa a otorgar licencias a los grupos de riesgo y progenitorxs con niñxs a cargo, y las dificultades con la provisión adecuada de equipos de protección personal e insumos suficientes. Con las características propias de cada espacio, dejamos en claro cuáles son las enormes dificultades que enfrentamos a diario en medio de la pandemia en la que estamos inmersxs.

Las autoridades de los distintos estamentos toman medidas sanitarias y epidemiológicas, ampliando la capacidad instalada en algunos casos, inaugurando nuevos hospitales, actualizando protocolos e informando a la población de modo más o menos adecuado. En el mejor de los casos, agradecen a lxs trabajadorxs de la Salud por sus esfuerzos y su compromiso. Sin embargo, a la hora de discutir sus salarios, incorporar personal y asegurarles todas las medidas de protección necesarias, no avanzan con las decisiones políticas que requiere la hora. Mientras tanto, se incrementa a diario el personal sanitario contagiado, alcanzando la cifra de unos 15.000 en todo el país.

La cantidad de personas contagiadas y el número de fallecidxs sigue en ascenso, de un modo sostenido y preocupante. Las próximas semanas pondrán aún más en jaque todo el sistema sanitario, cargando sobre las espaldas de sus trabajadorxs una enorme responsabilidad. Esta situación, denunciada fuertemente en la Jornada de Lucha, no tiene el reconocimiento, por parte de las autoridades de todos los niveles, de salarios acordes, condiciones adecuadas y más personal para brindar la atención necesaria. Sin ello, será muy difícil que las respuestas que podamos brindar sean las que se requieren en esta particular coyuntura.

Sin paritarias en la Provincia

Los hospitales públicos bonaerenses ubicados en los primeros cordones del conurbano, como parte de la región metropolitana, vienen enfrentando una situación de alta demanda, con creciente ocupación de camas críticas y falta de personal. También crece el número de trabajadorxs contagiadxs, situación que va en detrimento de planteles que, cuando se inició la pandemia, ya estaban diezmados por años de desinversión en el sector, bajos salarios y restricciones en la asignación de cargos.

No contamos con números oficiales desde el 27 de julio pasado, fecha en que lxs trabajadorxs de Salud de la provincia de Buenos Aires contagiadxs de Covid-19 ya ascendían al preocupante número de 7.581. La actualización de datos de personal contagiado y camas críticas ocupadas fueron reclamadas insistentemente ante lxs funcionarixs ministeriales durante los últimos días, sin respuestas por ahora. En una entrevista reciente, el Viceministro Kreplak confirmó 33 fallecimientos en el personal sanitario de la provincia. En la misma semana de la Jornada de Lucha, tuvimos que lamentar el fallecimiento de dos compañeras enfermeras, en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora y en el Hospital Municipal de San Isidro. Ambas pertenecían a grupos de riesgo y tendrían que haber podido acceder a licencias desde el inicio mismo de la pandemia.

Como lo venimos denunciando desde CICOP, a pesar del acuerdo firmado en el mes de abril con el Gobierno provincial, la paritaria de lxs profesionales de la Salud continúa sin convocatoria. El salario del ingresante permanece congelado en $ 46.800, muy por debajo de la canasta básica de $ 69.433 que calculó, para junio 2020, la Junta Interna de ATE-INDEC. Se trata de una cifra que apenas alcanzan lxs profesionales que llevan 30 o más años de antigüedad en el sistema.

En este contexto, el martes 4 de agosto, el Gobernador Kicillof promulgó el Decreto 679/20 que asigna, con carácter no remunerativo y no bonificable, un estímulo para las trabajadoras y los trabajadores que hayan sido calificados como esenciales en su respectiva jurisdicción, a través de módulos con un valor de $ 10 cada uno. El objetivo sería compensar, según los considerandos del Decreto, “la laboriosidad y el mayor empeño en las tareas por el contexto en el que se realizan, asegurando de tal forma la efectiva prestación de servicios, delegando en las autoridades de las distintas jurisdicciones y organismos la pertinente valoración previa al otorgamiento del beneficio”.

La medida carece, por ahora, de mayores precisiones en cuanto al modo en que será aplicada. No parte de una negociación paritaria, no es un aumento salarial ni tiene carácter de tal, siendo además no remunerativo y no bonificable. Tampoco es universal, ya que delega en cada jurisdicción y organismo el criterio con el cual será otorgado a lxs trabajadorxs, una suerte de “premio” por haber demostrado empeño y laboriosidad. Esta discrecionalidad sólo augura un nuevo escenario inequitativo, como aún sucede con la falta de pago del bono estímulo de $ 20.000 a numerosos sectores de trabajadorxs del primer nivel de atención, de las áreas de salud mental y adicciones.

Es una decisión que va en sentido opuesto a lo que debiera ser una política salarial genuina, para lxs profesionales de la Salud en particular y para el conjunto de lxs trabajadorxs denominados “esenciales” en general. La modalidad impulsada no dista mucho de algunas de las políticas salariales llevadas adelante por el gobierno anterior. Desde CICOP volvemos a reclamar fuertemente que se convoque de modo urgente a nuestra paritaria para discutir salarios y condiciones de trabajo. Es inadmisible que esto ocurra cuando la Salud Pública y los derechos de sus trabajadorxs debieran ser prioridad absoluta frente a la pandemia.

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Pagar la deuda externa sin honrar la deuda interna

La pandemia del Covid-19 trajo aparejada la profundización de una crisis a nivel global que no sólo es sanitaria y cuyos alcances no es posible dimensionar todavía. A la dolorosa pérdida de vidas humanas, se suman la recesión, el incremento de la desocupación por la reducción o el cierre de las fuentes de trabajo, el aumento de la pobreza y la indigencia, así como mayores grados de inequidad en gran parte de los países y regiones. De modo particular, en América Latina, los años por delante traerán mayores padecimientos para la clase trabajadora y los sectores más vulnerables de la población.

Sin embargo, los grandes fondos de inversión y los organismos multilaterales de crédito no sólo no han dejado de ganar en el perverso sistema de la especulación financiera, sino que además continúan exigiendo el pago de deudas, tomadas a tasas de usura y en plazos que no tienen en cuenta en qué escenario estamos. En Argentina, esta historia se viene repitiendo desde hace muchos años y, aún sin pandemia en curso, el país ha atravesado gravísimas crisis generadas por esas decisiones y sus consecuencias.

En la semana que pasó asistimos a un nuevo capítulo de esta trama, con la disposición del Gobierno argentino de llevar adelante negociaciones para acordar con una parte de los bonistas, de un modo que, aun postergando los plazos, exige pagos que comprometen seriamente nuestros recursos. No hay decisión alguna, como no la hubo en el pasado, de investigar a fondo las condiciones en que se tomó la deuda, su falta de legitimidad, el destino de los créditos asignados y la determinación de responsabilidades en esas decisiones.

La deuda interna, mientras tanto, no hace más que incrementarse. Como nunca, hacen falta decisiones políticas que asignen recursos para la Salud, así como para sostener, aumentar y universalizar la red de protección social. Para ello, además de dejar de pagar la deuda externa, es necesario avanzar con el tan demorado proyecto de gravar las grandes fortunas y rentas, así como con una reforma tributaria que haga que, efectivamente, tributen más los que más tienen.

Las circunstancias extraordinarias deben ser consideradas también como una oportunidad. Seguimos insistiendo, como lo hicimos desde el inicio mismo de la pandemia, en que debe fortalecerse el sistema público de Salud con una inversión sustancial. No se ha avanzado hasta ahora en modificaciones estructurales que sean la base de sustentación de ese fortalecimiento de cara al futuro. Del mismo modo, es la oportunidad de honrar la deuda interna, asignando y redistribuyendo todos los recursos que sean necesarios para afrontar las necesidades de la población e intentar, al menos en parte, mitigar la crisis de este tiempo.