La hermana, la madre y la abuela de Luciano, que fue detenido por negarse a robar para la Policía y desaparecido luego de la detención, hicieron la denuncia acompañadas por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, pidieron el juicio político de la Fiscal y quien era el juez de la causa, Gustavo Banco, que había renovado la intervención irregular en quince oportunidades.

“Esta situación demuestra la hipocresía de la justicia”, dijo Vanesa, hermana de Luciano, y agregó: “Si el objetivo era protegernos deberían habernos avisado que estábamos en peligro”.

“Lo que estaba haciendo la fiscal Cejas era investigar a la familia”, apuntó Vanesa, y relató: “Cuando leemos la causa vemos la hipocresía de esta justicia que, por un lado, primero justifica la intervención de nuestros teléfonos para tener datos sobre Luciano y poder avanzar en la investigación, después habla de que estarían tratando de protegernos”.