Baja de la edad de imputabilididad, millares de cámaras, más gendarmes, ministros pistoleros, secretarías de seguridad municipales, etc. Debates, medidas y anuncios de campaña. Ante la ausencia de ideas y discusiones de fondo siempre está… siempre latente: la inseguridad. Problema potenciado por los medios hegemónicos pero problema al fin; preocupación de grandes sectores de nuestro pueblo.

Lamentablemente un reclamo genuino y democrático como el de seguridad y justicia es abordado y apropiado por sectores ideológicamente reaccionarios. Hay que decirlo: las movilizaciones, en su gran mayoría y en esencia, son espontáneas y refractarias a la violencia (a la delictiva y a la institucional). En definitiva, son expresiones de una sociedad desarticulada situada en un contexto histórico y económico particular.

La derecha ha logrado insertarse con cierta comodidad sobre estos reclamos, apoyándose en lo que Alberto Binder ha dado en llamar el paradigma del orden. Es decir, el orden punitivo que ha parcializado el problema de la seguridad de forma preocupante.

Primero desvinculándolo de su trama social y de otras problemáticas que son expresión de las mismas, tales como la imposibilidad de acceso a un trabajo, a una educación y a una vivienda digna. Difícilmente escuchemos candidatos que acompañen estos debates incorporando temas como: la ley provincial de promoción y protección de los derechos de los niños (13.298), la que está lejos de su plena aplicación; el vaciamiento del Patronato de Liberados, denunciado por sus propios trabajadores; la corrupción institucional vinculada al delito organizado; la segregación social en las grandes ciudades; entre otros.

En segundo lugar, este proceso de segmentación selectiva del diagnóstico de la violencia, ha derivado en el análisis de los crímenes en términos individuales. En otras palabras, transgredir la ley es presentada en última instancia como una decisión personal. Así se ha construido sentido común y opinión pública, tristemente.

Claro que también hubo aportes académicos que sustentan el proceso: desde las ciencias económicas, reduciendo la cuestión a una elección racional de costo-beneficio, apostando que dado que el mundo se mueve en base al dinero y la ganancia, que otra cosa podría explicar el delito. Gary Becker, economista nobel por sus aportes a la teoría del capital humano, publicó en 1968 Crimen y Castigo: un enfoque económico ¹, donde explica el comportamiento delictivo como una elección particular.

Según Becker, el sujeto debe evaluar racionalmente los beneficios esperados versus los costos acarreados por delinquir, entre los que se encuentra la posibilidad de ser atrapado y condenado. Claro que el enfoque cuenta con un hermoso modelo matemático con sus derivadas y elasticidades. Semejante reducción, no pasa por una mera curiosidad en la academia, es considerada un aporte; esa es al menos mi experiencia en la facultad de económicas de La Plata.

Sobre el marco planteado se construye el imaginario que justifica la “mano dura”. Más policías, penas más duras. La hipótesis sostiene que así se aumentarían los costos potenciales de delinquir y se afectaría la decisión racional planteada por Becker.

También existe otra posición, que sin encuadrarse en un enfoque estrictamente parcial, también reduce el problema a una elección individual. Me refiero a las posiciones que discuten a la defensiva, realizando una denuncia justa, pero insuficiente, de la economía capitalista. Ajustando la explicación a la vulneración extrema de los derechos laborales y sociales. Esta posición resulta incompleta, se despoja de la complejidad de nuestra sociedad y renuncia a la agenda de debate.

Diagnóstico y propuestas

El desafío es triple para las organizaciones populares. Reconocer la problemática en su justa medida, deconstruir lo instalado y realizar propuestas consistentes con un proyecto emancipador. Para lo que es indispensable organizarse y pensar cada problema desde los sectores populares, desde los que sufren en carne propia los mayores niveles de violencia, y que expresada en diferentes formas recae sobre los trabajadores, los jóvenes y las mujeres.

La inseguridad, como absorción y también desborde de la violencia propia de nuestra sociedad, debe superar las posiciones defensivas de la izquierda. En el camino de construcción de una nueva izquierda, anclada en la realidad latinoamericana y en la historia argentina en particular, es necesario disputar de la agenda de la “inseguridad”.

Un primer paso consiste centralmente en acertar un diagnóstico alternativo que supere los antes mencionados. Que trascienda las causas vinculadas a prejuicios, elecciones individuales y oportunidades económicas. En verdad de lo que trata es de reconocer el desguace de la trama social de la dictadura para acá, de la pérdida de relaciones de solidaridad y expectativas colectivas.
Para contraponer un marco teórico al paradigma del orden, resulta de interés establecer el enfoque de la política de gestión de la conflictividad, también planteado por Binder. En términos generales es una perspectiva compatible con los desafíos planteados. El autor parte de la aceptación del conflicto como algo inherente a toda sociedad y apuesta a lograr una transformación y control positivo de la misma.

En términos concretos, las propuestas deben concentrarse en cuatro ejes:

1) generar mayor igualdad, empezando por políticas que reviertan la segregación social en las grandes ciudades;
2) jerarquizar la presencia del estado social en los sectores más vulnerables;
3) refundar y segmentar la corporación policial, bajo preceptos democráticos y comunitarios;
4) fomentar las participación popular, ya no sea bajo organizaciones estrictamente políticas, sino bajo cualquier espacio asociativo que tienda a reconstruir lazos de solidaridad ².

Cada uno de estos puntos acompañado por el resto en pos de lograr integralidad y avances reales. Planes masivos de acceso a la vivienda, becas estudiantiles, centros culturales y deportivos, asistencia a las víctimas de la violencia de género y adicciones, control democrático de las fuerzas policiales, proyectos de voluntariado, aplicación de las leyes de niñez, entre otras políticas públicas, van en este sentido. En síntesis, justamente en la aceptación del genuino reclamo de inseguridad, pero no de su parcialización, reside la clave para incorporar nuevas voces en un debate organizado por la demagogia punitiva.

Por Leandro Amoretti

Notas
¹ “Crime and Punishment: An Economic Approach”. The Journal of Politic

² Binder A.: “Política de seguridad y gestión de la conflictividad”, Batalla de ideas Nº2, Revista de debate teórico-político de la izquierda independiente, Buenos Aires, Noviembre de 2011.