En las últimas semanas, los estudiantes en conflicto con la Facultad de Ciencias Médicas recibieron algunas noticias contrarias a su postura. La Procuración General de la Nación avaló la posición de las autoridades de la unidad académica, la CONEAU lanzó una advertencia sobre una posible desacreditación de la carrera en la UNLP y la Sala I de la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata solicitó que se suspenda el juicio académico contra el ex decano Martínez y compañía. Sin embargo, el abogado que defienden a más de 400 estudiantes asegura que el panorama no es tan preocupante.

“El dictamen de la Procuración no es vinculante a la Corte”, asegura el documento que Marcelo David compartió con sus defendidos y al que pudo acceder INFOBLANCOSOBRENEGRO en forma exclusiva. Luego de un primer fallo favorable para los estudiantes, las autoridades de Medicina presentaron una apelación y ahora se espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El conflicto se inició en 2010, cuando el ex decano Jorge Martínez resolvió que para poder cursar la Práctica Final Obligatoria (PFO), los alumnos debían tener todos los finales aprobados y no solo las materias cursadas como era hasta ese entonces. La norma se aplicó con carácter retroactivo, es decir que recayó también sobre los estudiantes inscriptos en la carrera con anterioridad a dicha fecha, lo que motivo la presentación judicial por entender que era una modificación del plan de estudios y que por lo tanto solo debía aplicarse para quienes iniciasen sus estudios a futuro.

“El dictamen a mi criterio no es ajustado a derecho”, *aseguró el abogado y justificó: “Omite que la resolución 602/10 (la que establece que todo estudiante debe aprobar todos los finales para poder cursar la PFO) la dictó Medicina pero la publicó dos años más tarde, cuando ya había entrado en vigencia la Resolución 282 del Consejo Superioren donde se requiere para validar cambio de correlativas que las mismas sean elevadas a consideración del Consejo Superior”.

“En segundo lugar la Disposición 300 (aprobada por el Consejo Superior) no derogó nada sino que solo recomendó la no aplicación retroactiva de normas. Por ende la procuración pretende imponer que las normas del órgano superior UNLP no deben cumplirse y eso es ilegal, cosa que un organismo que brega por el cumplimiento de la ley no debería pregonar”, detalló David.

“Además el dictamen omite considerar que hay 80 expedientes acumulados entre los alumnos y la universidad en donde la cuestión no se centra solo en la pelea FCM y UNLP, sino que la procuración se olvidó de los alumnos.”, cuestionó el abogado.

En otro tramo del documento, el defensor de los estudiantes en pugna con la Facultad asegura: “Los médicos recibidos, los títulos emitidos y los que se van a emitir no corren ningún riesgo, esas son las extorsiones de siempre del ex decano y su séquito de obsecuentes. En el peor de los escenarios y que la Corte haga lugar a lo dicho por la procuradora las actuaciones deberán volver a la cámara federal sala II para que se expida sobre el fondo de la cuestión”.