El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) habían presentado una denuncia pidiendo la anulación de ese acto administrativo.

El juez Arias, de acuerdo a la presentación de estos organismos de derechos humanos, entendió que prima facie el contenido de la medida “resulta regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado”.

Además, el magistrado aseguró que desde la declaración de la “emergencia de seguridad” la situación se agravó.

Según los relevamientos efectuados por los peritos "se desprende que la estructura edilicia de las seccionales policiales bonaerenses no es apta para cumplir con las detenciones ordenadas por los magistrados de la justicia penal, toda vez que no cumplen con los estándares internacionales”, explicó Arias.

Según adelantaron desde el CIAJ, para el magistrado la resolución del ministro Alejandro Granados implica un retroceso respecto del cierre progresivo de los calabozos de comisarías que había implementado el Ministerio de Justicia y Seguridad en resoluciones anteriores.

Sucede que la norma que Granados firmó en mayo de este año, contradice lo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Verbitsky H. s/habeas corpus” que exigió la adecuación de las condiciones de detención a las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos.

“El Relator para las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había recomendado en 2010 el cese del uso de calabozos en la Provincia de Buenos Aires. En mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de la historia: 33.166”, analizan desde el CIAJ.

“El 60 por ciento de estas personas no tiene condena judicial. La decisión del juez Arias ratifica que las advertencias que se habían realizado sobre el aumento de las detenciones en la provincia de Buenos Aires iban a conducir al colapso del sistema penitenciario bonaerense. Las personas privadas de su libertad sufren las violaciones de sus derechos por el hacinamiento, la tortura y otras formas de violencia institucional”, manifestaron desde el organismo.