El Poder Ejecutivo reglamentó la ley 26.688 sancionada en 2010 que declara de “interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos”.

Este paso venía siendo reclamado por numerosas instituciones porque constituye un avance en la regulación estatal de un mercado de bienes de primera necesidad que está fuertemente concentrado y extranjerizado.

Las subas de los precios de medicamentos y la insuficiencia de los controles de precio como herramienta de intervención en un mercado que regula sus ganancias en forma autónoma hizo que el gobierno diera el paso de reglamentar la ley.

La Producción Pública de Medicamentos (PPM) es una actividad que en nuestro país se remonta al año 1948, cuando Ramón Carrillo, primer Ministro de Salud argentino, fundó el laboratorio de Especialidades Medicinales del Estado (EMESTA), con la finalidad de que toda la población tuviera acceso a medicamentos de buena calidad y bajo costo.

Luego, principalmente por dificultades presupuestarias en diferentes regiones de nuestro país se desarrolló solamente la PPM. Así, hoy existen en nuestro país 39 laboratorios públicos que ven como un importante incentivo la reglamentación de la Ley 26.688.

El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial una reglamentación que especifica algunos párrafos de la normativa e incluye mayores facilidades para las plantas de producción pública.

Entre sus puntos más destacados, el decreto 1087/2014 fija medidas para garantizar ahorro en los traslados de los remedios y establece una prioridad de hasta cinco por ciento sobre el precio del mejor oferente privado para los medicamentos producidos por plantas del Estado.

La reglamentación de la Ley 26.688 tiene fecha del pasado jueves 10 de julio, pero recién este lunes fue publicada en el Boletín Oficial con las firmas de Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Salud, Juan Manzur.

Con menores costos, el Gobierno apuesta a establecer remedios con precios competitivos que sirvan de referencia en un mercado hoy dominado por los privados.

“Algunos se oponen a la PPM porque dicen que las empresas farmacéuticas, y en especial las multinacionales, son de gran desarrollo tecnológico y muy competitivas. Sin embargo, lo que no dicen es que esa competitividad habitualmente no se refleja en los precios. Un ejemplo de ello sucedió con el medicamento albendazol cuando para la campaña anual contra la hidatidosis. El Ministerio de Salud de la Nación solicitó presupuesto al laboratorio SANDOZ. (parte de la multinacional NOVARTIS y segundo productor de genéricos del mundo). Como el precio ofertado debe haber parecido excesivo, desde el Ministerio de Salud le solicitaron cotización al PROZOME (el laboratorio de PPM de la provincia de Río Negro) quien ofreció, y entregó, el mismo producto a un precio 44 veces más bajo (4.300 por ciento)”, detalla un informe del Grupo de Gestión de Política de Estado en Ciencia y Tecnología que militó activamente por esta ley.

“Un ejemplo adicional sobre estas prácticas es lo que le pasó a Brasil en su conflicto con el laboratorio Abbot por el aumento del precio de un medicamentos contra el SIDA. En esa oportunidad, el Ministro de Salud del Brasil resolvió no respetar patente y Farmanguinhos, el laboratorio de PPM de Brasil produciría ese medicamento Kaletra. Ante esa perspectiva, Abbot redujo el precio al valor que lo iba a producir Farmanguinhos y la negociación llegó a un acuerdo”, continúan los científicos.