Foto: Helen Zout – ANDAR

Una mujer boliviana de origen kichwua y que no habla español brindó hoy por primera vez su testimonio, tras estar más de 3 años presa. Por la presión de organismos de Derechos Humanos, los tribunales bonaerenses le permitieron contar con un intérprete que le brinde todas las garantías procesales en la causa en la que está imputada por el homicidio de su marido.

Reina Maraz, de 26 años, contó por primera vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Quilmes la violencia doméstica y sexual que sufría por parte de su marido, Limber Santos, que incluso llegó a entregarla a un vecino para que abuse de ella como parte de pago de una deuda.

La mujer fue detenida en noviembre de 2010, acusada provisoriamente de homicidio agravado, homicidio criminis causa; homicidio agravado por el concurso de dos o más personas.

El caso de Reina se hizo visible un año después del estar un año presa cuando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento de su situación durante una visita de monitoreo rutinaria que realizó en la unidad penitenciaria 33 de Los Hornos, cercana a La Plata.

“Ella llevaba un año detenida y no comprendía porqué, ni qué estaba sucediendo, tampoco sabía sus derechos y no tenía acceso a su causa”, explicó a Télam la directora de Litigio Estratégico del organismo, Margarita Jaque.

“Por su condición de ser quechua parlante, una persona migrante que hacía menos de un año había venido a la Argentina desde una comunidad originaria de la zona rural de Bolivia, planteamos la necesidad que hubiera una intérprete y por esta circunstancia hubo actos procesales que se declararon nulos”, explicó Jaque.

Recién en abril de 2012 el Juzgado de Garantías Nro. 6 de Quilmes anuló la única audiencia en la que había declarado Reina y pidió que se le tomara una nueva indagatoria ante los intérpretes propuestos por la CPM.

“Todas las acciones en la causa se realizan ahora con la presencia de la intérprete”, contó Jaque, quien además precisó que es “un intérprete y no un traductor porque lo que se busca además de la comprensión de la lengua es que haya una comprensión cultural”.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en 2007, en su artículo 13 establece que “deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.

La directiva del CPM apuntó que “por cuestiones estructurales y de perspectivas la justicia bonaerense no tiene listados de intérpretes de lengua quechua ni de ninguna lengua originaria, siendo nuestro país receptor y casa de gran cantidad de personas que las hablan”.

El organismo de Derechos Humanos inició acciones para modificar esto ante la Suprema Corte bonaerense “donde ya hay un expediente en tratamiento para que se establezcan intérpretes de los que pueda disponer la justicia en casos no solamente penales, sino también conflictos civiles”.

Fue justamente el máximo tribunal penal provincial el que ordenó que la intérprete Frida Rojas sea incorporada formalmente en el expediente, lo que permitió el avance en la causa y el desarrollo de las audiencias de hoy y mañana.

La CPM se presenta como veedor en el tribunal de Quilmes donde la defensa pedirá la absolución de Reina y donde estarán presentes el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y autoridades de la embajada de Bolivia en Argentina.

“El rol de veedores implica extremar las garantías de la instancia oral y publica que cualquier persona que está ante la justicia tiene que tener”, manifestó Jaque y agregó: “Son las obligaciones del Estado, que incluye al Poder Judicial, garantizar que toda persona tenga estas condiciones en un proceso”.

Télam