La última restricción que ordenó el 21 de mayo el Presidente Alberto Fernández, tuvo como marco una escalada de contagios que comenzó un mes antes, en abril. Además, logró mayor consenso por el creciente número de personas internadas en unidades de terapia intensiva (UTI). El 1 de noviembre del año pasado, durante la primera ola, hubo un máximo de 5.119 internados por COVID-19 en camas de cuidados críticos. Eran el 41% de los internados totales en terapia, sumando todas las patologías, del sector público y privado. Ayer hubo un nuevo récord de 6.644 personas afectadas por el virus en camas UTI, el 52% del total de internados en situación crítica. “Actualmente más del 50% de las personas que ingresan a UTI fallecen, y de los mayores de 60 años que requieren asistencia respiratoria mecánica, aproximadamente el 80% fallece”, señala uno de los decretos de necesidad y urgencia publicado en el Boletín Oficial con la firma de Alberto Fernández. Pero el dato que se dio a conocer y que destacaron los especialistas que asesoran el Gobierno, es que desde el comienzo de la pandemia (asegura el Ministerio de Salud de la Nación) murió el 65 por ciento de internados en terapia intensiva por coronavirus.