El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) implementó en el mes de mayo del año 2019, una metodología de tramitación de jubilaciones docentes en las que no se habilita el ingreso de los titulares a través de abogados apoderados.

Esta situación, genera deficiencias en la defensa de los derechos de los jubilables y se presenta en un contexto de crecimiento continuo de los índices de litigiosidad de ese Organismo por cuanto son continuas la detecciones de errores en el monto del haber jubilatorio o pensionario (deficiencias en la determinación del cargo de mayor jerarquía determinante del haber, bonificaciones remunerativas que no se trasladan a la pasividad, errores en el cálculo del porcentaje jubilatorio, entre otros errores comunes).

Sin perjuicio de lo expuesto, el régimen normativo del IPS, sobre todo en lo relativo a los docentes, tiene una complejidad suficiente como para que estos errores mencionados pasen inadvertidos si no son evaluados por un profesional que se dedique a la materia.

Asimismo, los tiempos excesivos que insumen los trámites en el IPS, hacen que sea cada vez más común la interposición de demandas judiciales de solicitud de pronto despacho (Amparo por Mora), herramienta que requiere de la asistencia de un profesional letrado para su interposición y que muchas veces representa la única alternativa para que el IPS dé una respuesta en un tiempo relativamente razonable.

Es por esto, y por las dificultades en el ejercicio de la profesión que genera el propio IPS en detrimento de los abogados previsionalistas que el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires interpuso una demanda en la que reclamó, en apretada síntesis, la habilitación del ingreso de jubilaciones docentes por medio de abogados apoderados y solicitó como medida cautelar, la creación de una mesa de diálogo y trabajo conjuntos en donde se dé tratamiento a las diversas problemáticas que aquejan a los jubilados, pensionados y aportantes.

La demanda, fue radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 del Departamento Judicial de La Plata, caratulada “COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PCIA DE BS AS C/ IPS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO”.

El Juez a cargo, Dr. Francisco José Terrier, hizo lugar al pedido cautelar del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y ordenó al IPS la solución de las problemáticas, las que se tratarán en una mesa técnica de trabajo conjunto.

Se suma a lo expuesto el hecho de que el IPS –sede central donde se determinan, computan y liquidan las prestaciones- desde el mes de marzo de 2020 permanece cerrado.

Este tejido suma mayores angustias y confusiones al momento del traspaso de la actividad a la pasividad, al tiempo que aumenta los índices de litigiosidad y la consecuente necesidad de contar con un abogado que defienda los múltiples derechos conculcados.

Resulta habitual recibir información de este organismo previsional, por medio de la cual se comunica la existencia de las cada vez mayores herramientas digitales para lograr que el administrado, consiga la respuesta a sus trámites sin necesidad de contratar abogados.

Es cierto que el Estado debiera dar cada vez más y mejores instrumentos para cubrir las contingencias que son objeto de su propia creación, pero el análisis discursivo enmarcado en el contexto problemático, pierde fuerza y aparece como una búsqueda de captación de titulares que por desconocimiento, permitan la sistemática violación de sus derechos de naturaleza alimentaria.

Por María Emilia Carrozza - Abogada testigo de la causa, Secretaria del Instituto de Derecho Previsional del Colegio de Abogados de La Plata y representante del Colegio de Abogados de La Plata (CALP) ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).