Opinión
Es imperioso un giro de 180° en el servicio de agua y saneamiento bonaerense

Info Blanco

Por Juan Diego Gonzalez Morales (Presidente del Centro de Estudios por los Servicios Publico y el Medio Ambiente) y Henry Stegmayer (Presidente de la Asociación Consumidores Responsables).



La pandemia producida por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de profundizar al extremo la prevención y el cuidado de la salud pública de la totalidad de los ciudadanos. En dicho sentido, resulta imperioso e indelegable que el Gobierno de la Provincia de Buenos recupere en forma rápida la puesta en marcha de políticas públicas en materia de Agua y Saneamiento, produciendo en ese sentido un giro institucional de 180°, atento el descalabro en dicha materia heredado de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal.

La Administración Provincial durante el periodo comprendido entre 2015-2019 demostró acabadamente a través de sus resoluciones estatales, un desprecio total por la gestión del servicio público de agua y cloacas en toda la Provincia, traducido, entre otras malas decisiones, en la eliminación subrepticia hacia fines del año 2017, de dos organismos que resultan imprescindibles para llevar adelante una política de saneamiento que cubra todos los aspectos necesarios de la expansión, gestión y control del servicio público, hoy más que nunca.

Uno de los organismos “suprimidos” es el Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (OCABA). Bajo jurisdicción bonaerense existen innumerable cantidad de prestadores del servicio público de agua y cloacas: Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), cooperativas de servicios, estados municipales y empresas privadas locales, que están actuando sin el control adecuado y eficaz por parte de un ente especializado técnicamente, acerca del cumplimiento de la calidad, continuidad y regularidad de los servicios que prestan, como así también en lo relativo a la razonabilidad de las tarifas que perciben, dejando a los usuarios sin la posibilidad de resolver eficazmente sus reclamos ante la falta de solución y/o respuesta de las empresas que operan el servicio público.

Si bien es cierto que el OCABA desde su creación fue perdiendo jerarquía funcional, institucional y presupuestaria, lo que conllevaba la imposibilidad de completar acabadamente sus misiones y funciones, eso no justifica la violenta supresión del organismo y la atribución de sus tareas a la Autoridad del Agua, organismo que cumple una función totalmente distinta, donde la administración anterior nunca adecuo su estructura orgánica para hacerse cargo de la función de control de todos los operadores del servicio en la Provincia, pese a que a que tenía la obligación de hacerlo en los primeros seis meses del año 2018. Ese estado de “descontrol” llevó a que grandes operadores tuvieran un accionar por lo menos reñido con el interés de los usuarios del sector.

Cabe destacar que en ningún momento se debatió la necesidad de llevar adelante acciones para mejorar o rejerarquizar el funcionamiento del OCABA, solo se procedió a eliminarlo sin más argumentos que “achicar gastos”, profundizando un claro desdén por la importancia del control en materia de servicios públicos.

A lo antedicho es dable agregar, que la errática política de supresión del organismo de control llevada adelante por la anterior administración bonaerense, se da de bruces con lo que sucede en toda la Argentina. Desde el surgimiento de los entes de regulación y control del servicio de agua potable y desagües cloacales, luego de la oleada privatizadora de los años 90, ninguna Provincia ha suprimido y/o eliminado ninguno de ellos, muy por el contrario, en los últimos años se ha creado un nuevo organismo de regulación en la Provincia de Chubut, y se ha discutido su implementación en otras provincias, como Tierra del Fuego, Neuquén, Entre Ríos, por citar algunos ejemplos.

El otro organismo “eliminado” fue el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR), organismo descentralizado de la Provincia de Buenos Aires, cuya funciones fundamentales consistían, por un lado, en ejecutar una importante cantidad de obras de saneamiento con la finalidad estadual de llevar agua potable y cloacas, y con ello la salud pública necesaria que pregonaba el médico sanitarista Ramón Carrillo, a pequeñas localidades del amplio y disperso territorio bonaerense, y por el otro, brindar asistencia técnica permanente a los operadores cuya reducida estructura no le permitía hacerlo por su cuenta.

La competencia del SPAR fue reasignada al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, y sus tareas fueron reducidas a la mínima expresión, privando a las y los bonaerenses, principalmente a los más excluidos y olvidados, de la profesionalidad técnica y específica de un organismo que durante 50 años se dedicó a realizar obras de saneamiento indispensables para llevar salud pública de los pueblos rurales.

El menosprecio y falta de interés gubernamental por las políticas públicas expansivas e inclusivas de agua y saneamiento demostrado por la gestión precedente, se completó con la falta de designación del representante por la Provincia de Buenos Aires en el directorio del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), quien controla la prestación del servicio público operado por Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 26 Municipios de nuestra Provincia. Ello impidió tener una visión gubernamental profunda y acabada acerca del control del saneamiento en los partidos más densamente poblados y con mayores necesidades en cuanto a la salud e infraestructura pública.Por todo ello, es que consideramos que es impostergable que el Estado Provincial, tome la determinación de reestablecer los organismos mencionados, OCABA y SPAR, con reformas y mejoras que se podrán discutir una vez puestos en función, con la finalidad de dotar a las personas que habitan la provincia de políticas activas en materia de agua y saneamiento, impulsando y gestionando que pequeñas localidades tengan acceso al servicio público como garantía de prevención de la salud, y también, estableciendo un adecuado y efectivo control de los variados operadores del servicio para garantizar el derecho de todas las usuarias y usuarios a tener una prestación de calidad, cantidad y continuidad, como así también, que las tarifas que abonen sean justas y razonables.

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