En la tarde del viernes, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comunicó la condena a prisión perpetua a 15 de los 21 represores juzgados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha", que se ubicaba al lado del Penal de Olmos.

Según el veredicto, por unanimidad la máxima pena se le aplicó al ex ministro de Gobierno bonaerense, James Lamont Smart, y al ex comisario y Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado en 2006 a reclusión perpetua por delitos cometidos en el denominado “Circuito Camps”, en referencia al ex jefe de la Policía durante la última dictadura.

La misma pena se le aplicó a Gustavo Cavicio, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Pedro Anselmo Palavezzati, Miguel Angel Amigo, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón y Carlos del Señor Hidalgo Garzón, miembros del ex destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.

También se condenó a prisión perpetua a los ex agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Raúl Acuña, e Isaac Crespín Miranda, y a los ex policías de la provincia de Buenos Aires, Horacio Elizardo Luján y Julio César Garachico.

La pena la aplicaron los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, quienes condenaron a los imputados por los delitos de homicidios calificados, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos “en el genocidio perpetuado durante la última dictadura cívico militar”.

Para el tribunal, los condenados “intervinieron en la matanza de miembros de un grupo nacional y en el sometimiento intencional del grupo para su destrucción física total y parcial”, según leyó el presidente del Tribunal ante una sala de audiencias colmada por familiares de víctimas de la represión que se mostraron conformes con el veredicto.

En tanto, el Tribunal condenó a Juan Carlos Herzberg a 12 años de prisión; a Rufino Batalla, Raúl Espinoza y Claudio Grande a 13; se absolvió por mayoría a Luis Orlando Perea y dejó en suspenso la pena de Eduardo Gargano debido a que presentó un informe médico que lo declara inimputable.

Entre los casos por los que fueron condenados están la detención y homicidio de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el homicidio de Marcelo Betini y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, hermano y padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España, y los asesinatos de Luis Bearzi y Olga Noemí Casado.

Según un informe elaborado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por “La Cacha” pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el destino, y hubo al menos nueve niños nacidos en cautiverio.

En los más de 10 meses que duró el juicio oral y público y en el que prestaron declaración más de 130 testigos, se investigaron los casos de más de 120 víctimas que estuvieron en ese centro y cuatro homicidios conexos.

En la audiencia, el Tribunal exhortó también a los Poderes Ejecutivos Nacional y provincial a exonerar a los condenados, a suspenderles los beneficios de la jubilación o retiros y a que desafecten los inmuebles donde funcionó “La Cacha” y la Dirección de Inteligencia del Ejército para transformarlos en museo de la memoria.

Antes de la audiencia, ambos inmuebles fueron señalizados por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires