La Fundación Alem, presidida por Lilia Puig, difundió una propuesta con diez puntos para llevar adelante una campaña de vacunación confiable. Para ello, consideran necesario la rigurosidad en la comunicación, la rendición de cuentas y la transparencia.

La entidad fue creada en 2004 y normalizada desde 2017. Es la organización oficial de la Unión Cívica Radical dedicada al análisis de los problemas públicos argentinos, la formación política de los miembros de ese partido y la promoción de los valores democráticos de la tolerancia y la paz.

En el documento reclaman:

1) Creación de una comisión parlamentaria de seguimiento de los procesos de negociación y contratación en lo relativo a las vacunas.

2) Convocatoria al Consejo Federal de Salud para coordinar la logística de implementación del “Plan Estratégico de Vacunación”, incluida la distribución final y colocación de las vacunas en todo el territorio nacional.

3) Presencia inmediata del Ministerio de Salud de la Nación en el congreso para informar sobre lo actuado hasta ahora y las razones de los incumplimientos de los planes y los anuncios realizados por el propio Gobierno.

4) Publicación de los informes técnicos de ANMAT y de todos los documentos del gobierno y los proveedores en relación a las vacunas aprobadas al momento (Pfizer y Oxford – Astra Zéneca) o recomendadas (Sputnik V). Esta última, en forma urgente, dada la ausencia de fuentes de datos independientes y transparentes para obtenerlos. Actas informativas e información transparente y de fácil acceso sobre las reuniones que mantienen a los funcionarios nacionales y las empresas proveedoras de las vacunas.

5) Abstención por parte del gobierno de hacer anuncios sin fundamento y sin certeza de su cumplimiento. El Estado Argentino debe brindar formalmente y en conferencia de prensa información, al menos dos veces por semana, de la evolución del plan de vacunación y la proyección de cumplimiento de dicho plan.

6) Creación de una comisión parlamentaria de seguimiento de la violencia institucional y las violaciones a los derechos humanos registrados a raíz de las restricciones impuestas por el Estado Nacional para enfrentar la pandemia,

7) Reapertura y vuelta de la educación presencial en todos los niveles. Anuncios y compromisos claros a nivel nacional y provinciales en este sentido.

8) Fin del estado de excepción. Retorno a las actividades normales de los tres poderes de la república, con todos los cuidados y apelando a la responsabilidad social e individual.

9) Creación de una nueva comisión de asesoramiento experto, más amplio y diverso en sus orígenes y especialidades, con reuniones transmitidas en vivo.

10) Reglamentación de la ley de vacunas.