INFO BLANCO SOBRE NEGRO habló con la integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Sandra Di Seri, sobre las posibilidades de que el sistema de salud de la ciudad de La Plata pueda llevar adelante una interrupción voluntaria del embarazo.

La militante feminista realizó una radiografía de la burocracia que las mujeres y personas gestantes de La Plata padecen desde antes de que ley se aprobara en el Congreso de la Nación.

Di Seri afirmó que en la mayoría de los servicios de los hospitales de tocoginecología de La Plata los médicos son objetores de conciencia, pero exceptuó al Hospital Dr. José Ingenieros. “Lo que sí, en todos los hospitales provinciales hay equipos que se formaron desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que es una red que armó la Campaña”, rescató.

¡El aborto ya es ley en nuestro país!

15 años de incansable lucha junto a la @CampAbortoLegal, lucha amplia, plural e interseccional, con la que fuimos construyendo feminismos, ¡Logramos la legalización de nuestro derecho a decidir! ¡Hoy el Aborto Legal es una realidad! pic.twitter.com/pUwwvLdeIX

— #TenemosLey 💪🏽 #LaPlata 💚🏳️‍🌈 (@campaniabortoLP) December 31, 2020

Por otra parte, contó que hay consejerías que están habilitadas por la provincia de Buenos Aires desde antes de que se sancionara la ley, para “vehiculizar” el acceso a este derecho. Y aclaró: “Entendiendo que dentro de las 14 semanas es muy posible que la IVE se lleve adelante a través de un método medicamentoso con misoprostol, pero ahora estamos yendo por la mifepristona, porque es más efectiva, más rápida y menos dolorosa”.

Di Seri planteó la necesidad de que a nivel a provincial se conformen equipos en los hospitales de La Plata para que garanticen la ILE y la IVE.

“En los centros de salud de La Plata tenemos un gran problema, de 47 centros de salud, solo tenemos 4 que garantizan la ILE, no porque no haya personas preparadas, porque en la mayoría de los servicios ginecológicos las hay, pero sí porque no son garantes de derechos y eso es una decisión política”, explicó.

La mujer relató que hace muchos años que denuncian esta situación, que consideran se irá complejizando, pero confían en que la ley debería “destrabar” el problema. Sin embargo, sostuvo que los funcionarios se declaran “anti derechos”, y cada vez que han intentando generar mecanismos para conformar consejerías de salud en los centros sanitarios, se han opuesto.

“Se opusieron también a la formación de los mismos profesionales de salud que han querido pero no los han dejado. Daremos la lucha y conseguiremos el consenso para que la ley se implemente efectivamente”, aseguró.

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Lo que se viene

Di Seri expresó que el paso que sigue es la implementación efectiva en todo el territorio nacional, pero reconoce que en las provincias se van a “generar diferentes movimientos políticos y jurídicos" con la intención de obstaculizar este acceso.

“Nosotras venimos trabajando con el Ministerio de Salud, coordinando con el objetivo de garantizar el acceso de la IVE. Vamos a fortalecer la estrategia que se defina de conjunto", adelantó.

Ante los intentos de judicializar la ley, argumentó que es "legalmente imposible" que un tribunal serio pueda aprobar ese tipo de obstaculización, y recordó: "Si bien hay una experiencia en Córdoba, donde una organización que nuclea a los sectores evangélicos presentó intervenciones jurídicas, será el Estado el que defina institucionalmente que se garantice el derecho”, sentenció.