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En septiembre del 2018, la agrupación “Odontólogos en Lucha” dio un verdadero batacazo al ganar las elecciones en Colegio. Luego de 22 sin votación, lograron la adhesión de la mayoría de los 2.800 matriculados de la Región en base a distintos reclamos. El principal siempre fue la necesidad de exigir que las obras sociales cumplan con el arancel mínimo.

Días atrás, la platense Natalia Weiler fue apartada del cargo de presidente por incumplimiento de funciones, las cuales le fueron asignadas por el Honorable Consejo Directivo, que es el órgano de gobierno.

En diálogo con Info BLANCO SOBRE NEGRO, Cristian Lombardo, integrante de “Odontólogos en Lucha” y consejero del Colegio de Odontólogos Distrito I por la localidad de Magdalena, explicó: “La presidenta fue desplazada por no cumplir con la manda del Consejo Directivo lo que es una falta grave. De todos modos ella sigue siendo consejera por La Plata por lo que el orden democrático está intacto”.

Y aclaró: “Se puede opinar en forma distinta pero el presidente se debe a la voluntad de la mayoría del Consejo Directivo por lo que debe ejecutar su manda”.

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A fines de junio, el Consejo votó por mayoría la decisión de llevar a la justicia a la Sociedad Odontológica La Plata (SOLP) y la Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y Ensenada (AOB). Estas son las entidades gremiales encargadas de celebrar los contratos con las obras sociales y las prepagas.

“Previamente hubo varios intentos de diálogo con estas entidades planteando la necesidad de avanzar con el registro de contratos.  Ante la falta de repuestas se decidió llevar la cuestión a la justicia para que determine si los gremios deben o no registrar los contratos ante la entidad de ley que es el Colegio”, relató Lombardo.

Luego de ser desplazada la presidenta de su cargo, el Colegio avanzó con la presentación de las demandas contra las entidades intermedias.

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“El registro de contrato está contemplado por la ley que regula al Colegio de Odontólogos y tiene como finalidad el resguardo de los aranceles mínimos que fija el Consejo Superior del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires (Cosucoba)”, explicó el consejero.

Y remarcó: “Los aranceles que acuerdan las gremiales con las obras sociales están muy por debajo del mínimo que establece el Colegio y no garantizan una atención de calidad para los pacientes. Actualmente, una consulta por obra social ronda en 200 pesos y según el Cosucoba debería ser más de 800 pesos. Con todas las prácticas sucede lo mismo”.

Tanto SOLP como la AOB realizan acuerdos de aranceles muy similares que rondan en un 25% del mínimo fijado por el Colegio Provincial. Si un odontólogo no está agremiado o asociado no puede atender pacientes por obra social, salvo que sea contratado en forma directa, algo que es muy difícil que suceda.

“Nosotros no sabemos qué es lo que acuerdan con las obras sociales y tampoco cuál es la cápita que perciben por prestación. A mí y a todos los odontólogos que conozco jamás nos notificaron para participar de una elección en estas entidades”, explicó Lombardo y destacó: “En el Colegio estuvieron 22 años sin celebrar elecciones. Nosotros para presentar una lista tuvimos que recurrir a la justicia porque nos negaban la posibilidad de participar”.

“El registro de contratos implicaría que las entidades intermedias lleven los contratos que firman con las obras sociales al Colegio para que el organismo de ley los analice y determine si el mismo es legal y cumple con los aranceles mínimos. Esto está establecido por ley pero las gremiales se negaron sistemáticamente a cumplir”, remarcó el integrante de “Odontólogos en Lucha”.

El reclamo por la registración de los contratos es sostenido por la inmensa mayoría de los matriculados. “No se puede brindar atención de calidad con esos aranceles. La mayoría de nuestros insumos son importados”, explicó el profesional de Magdalena.

“Por suerte cada vez más profesionales nos empezamos a instruir, a leer la ley y a organizarse para que se cumpla. Odontólogo en lucha se inició en 2016 y logramos llegar a la gestión. Sabemos que contamos con el apoyo de los matriculados en esta lucha por los aranceles mínimos, legales y dignos. Hay un gran hartazgo, los odontólogos no podemos seguir siendo la variable de ajuste”, concluyó.