A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno Nacional intimó a la CTA Autónoma, a la Federación Nacional Territorial , a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a la CONADU Histórica, y a otras organizaciones de otras centrales sindicales y movimientos sociales al pago de multas que llegan a los $ 56.760.282 y $ 40.419.227. La sanción es por haber participdo de las movilizaciones realizadas el día 22 y 27 de diciembre, respectivamente.

"Estas penas (supuestos 'pagos solidarios'), son actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta", señalaron las entidades a las que apuntó la cartera que dirige Patricia Bullrich. 

En esa línea también expresaron: "Ya hemos realizado las presentaciones correspondientes ante la Justicia para rechazar estas intimaciones. Hemos realizado presentaciones ante la OIT por la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes, una reglamentación que crea y establece castigos a supuestos delitos, que no están encuadrados como tal en el Código Penal. El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificar el Código Penal y establecer estas penas". 

"Desde la CTA autónoma rechazamos y repudiamos esta acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder por parte del Ministerio de Seguridad, y vamos a avanzar en nuevas denuncias ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, al derecho de organizarse y a reclamar que tenemos los trabajadores y trabajadoras", agregaron. 

Por último, las organizaciones a las que se quiere multar afirmaron: "Ratificamos la convocatoria al Paro y movilización del 24 de enero para exigir al Congreso de la Nación a que se rechace el DNU 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus, a través de los cuales el Presidente Javier Milei pretende gobernar por decreto, ejerce abuso de poder, avasalla al Congreso de la Nacional, e intenta arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino pretendiendo establecer un Estado de Sitio de hecho".

Multas a organizaciones: La CTA denuncia persecución política e intento de intimidar a la clase trabajadora

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— Hugo Cachorro Godoy (@CachorroGodoy) January 11, 2024