La Policía Federal Argentina realizó este viernes una serie de allanamientos en la Municipalidad de San Martín por un hecho que ocurrió hace unos meses.

La causa es investigada por la jueza federal Alicia Vence, que le prohibió al intendente Fernando Moreira que salga del país.

La investigación comenzó cuando descubrió que un empleado del Concejo Deliberante de ese distrito cobraba con tarjetas de crédito de presuntos trabajadores municipales inexistentes.

“Son solo 2 tarjetas, no es un sistema ni un método, ni nada que se le parezca”, dijeron al portal Infobae voceros de la municipalidad para evitar las comparaciones con el caso de Rigau. Además, aseguraron que “el municipio es el principal interesado en que se esclarezca el hecho“.

La clave del caso es que hay en poder de la justicia dos tarjetas de personas nombradas en un decreto como empleados del Concejo Deliberante de San Martín, no en la municipalidad. No obstante, sus nombramientos aparecen en un decreto que incluye a otras 11 personas que sí trabajan en diferentes áreas del municipio.

El presunto fraude comenzó a investigarse  en diciembre cuando un hombre denunció que cobraba un plan social del Ministerio de Desarrollo Social y le fue interrumpido por aparecer en las bases de datos como empleado municipal. Incluso figuraba que percibía  300 mil pesos de la intendencia de San Martín, algo que era incompatible con el beneficio de cobrar un plan social.

En la investigación descubrieron que una persona del Municipio de San Martín tenía varias tarjetas de débito y retiraba el dinero de los empleados en un cajero cercano al Concejo Deliberante. En ese marco, personas que no lo sabían, figuraban como empleados del Municipio, y su nombre  se cobraban salarios por supuestos trabajos realizados. 

La jueza interviniente comenzó una investigación e impuso la prohibición de salida del país a cinco personas, entre ellas al jefe comunal Fernando Moreira. 

Las otras personas involucradas son José Maria Fernández, Hector Rey, Lorena Altamira y Marta Beatriz Pastor, presuntos empleados del municipio. Todos ellos tiene que presentarse del 1 al 5 de cada mes en el juzgado.

"Semana atrás fue allanado la oficina del presidente del Concejo Deliberante en el marco de la misma causa. El funcionario falleció poco después. El juzgado ordenó los procedimientos en busca de documentación para cotejar listados de personal y cruzarlos con nombres de beneficiarios de planes sociales", señaló Infobae.

Además, el mismo medio indicó que en la Municipalidad "se mostraron sorprendidos", y que "el magistrado de la causa entendió que formaban parte de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado provincial".

Pero advirtió que “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos que manejan los módulos y permiten las contrataciones”, en referencia a legisladores de todos los sectores partidarios y a las autoridades de la Cámara de Diputados.