El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense multó en 194 millones de pesos a la empresa Worldcoin Foundation y le ordenó que suprima "las cláusulas abusivas contenidas en sus contratos".

Las autoridades bonaerenses, mediante una investigación comenzada a principios de año, advirtieron "no sólo la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión de Worldcoin, sino también contradicciones entre el contenido de los contratos y lo informado formalmente por la empresa y las fiscalizaciones presenciales realizadas en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires".

Vale recordar que la empresa convocaba a las personas a brindar datos biométricos personales y privados –a través del escaneo del iris del ojo y del rostro, con un dispositivo tecnológico denominado Orb–, a cambio de instalarse en el teléfono la aplicación de finanzas World App y recibir criptomonedas de la firma Worldcoin. 

No obstante, según la Provincia, las fiscalizaciones determinaron que la empresa no solicitaba acreditación de identidad ni exhibía señalizaciones que indiquen que el requisito mínimo de edad para acceder al servicio es de 18 años, lo que implicaría el escaneo de datos personales sensibles de menores de edad. 

“Una de las contradicciones principales de la respuesta de la empresa es lo que expresa el contrato de adhesión respecto al almacenamiento de datos biométricos. Por un lado, responden que se mantienen en el Orb y se destruyen y, por otro lado, en el contrato  son almacenados a otros países. Siguen sin respondernos donde son almacenados los datos biométricos personales de los bonaerenses”, observó Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, organismo del que depende la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores. 

En abril pasado, el gobierno bonaerense había imputado a la empresa Worldcoin, luego de que la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores detectara la inclusión de cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de adhesión que obligan a aceptar, en presunta infracción a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.