El fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, realizó un pedido de envío de documentación del Juzgado de Faltas de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una supuesta organización integrada por funcionarios, abogados y gestores que obtenía ganancias indebidas mediante la reducción y eliminación ilegal de multas de tránsito.

Las órdenes de presentaciones fueron ejecutadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) bajo la orden de Garganta, quien coordina la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Plata. Vale destacar que el juez Juan Pablo Masi, del Juzgado de Garantías 4 de La Plata, validó el pedido.

“La investigación comenzó con la denuncia de un particular en la cual distintos funcionarios, principalmente de la administración provincial, y específicamente del Ministerio de Transporte, valiéndose del acceso de un sistema informático administrativo -que tiene como finalidad la centralización de las infracciones de tránsito-, actuaron en connivencia con gestores y con terceros, ajenos a la dependencia”, reveló Garganta en Radio Mitre.

El supuesto modus operandi de la organización era captar a automovilistas con multas ofreciendo saldarlas a un 50 por ciento. “Ingresaban al sistema, reducían la multa a la mitad y en tiempo muy breve al deudor se le imponían penas muy pequeñas. La diferencia de esa ganancia del sector se sospecha que era repartida por los gestores hacia distintos funcionarios que hacían el trabajo de condenar a penas mínimas a los infractores”, detalló el fiscal.

“Estamos procesando toda la documentación que secuestramos y vamos a comenzar a recibir las testimoniales de las víctimas que se presentaron con los gestores y fueron engañados con descargos apócrifos, porque el trámite debía ser personal y se usaron cuentas de email que no habían sido verficadas de tal manera que vamos a volver a recorrer todo el circuito para llegar a los funcionarios involucrados”, indicó Garganta.

Las investigaciones, que se centran en expedientes desde 2022 a la fecha, recaba multas registradas que no coinciden con la información oficial electromagnética en el sistema provincial de infracciones de tránsito. Esto levantó sospechas de posibles manipulaciones en los registros con el objetivo de reducir las sanciones por razones técnicas, beneficio que según fuentes judiciales quedaría bajo el criterio de los jueces de faltas implicados.

La ley provincial 13.927 establece que las infracciones de tránsito cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías y semi autopistas dentro del territorio provincial deben ser juzgadas por la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial. Sin embargo, la investigación actual sugiere que esta norma podría haber sido eludida mediante un esquema en el que gestores, abogados y posibles cómplices en la administración pública ofrecen a los infractores reducir sus deudas a un 50 por ciento del valor original de las multas.

El esquema involucraría gestores que, a cambio de una suma de dinero, logran que las multas sean anuladas o disminuidas considerablemente por razones técnicas, acción que también incluiría a infracciones de jurisdicción municipal.