El Presidente, Javier Milei, vetó la ley de financiamiento universitario luego de la multitudinaria marcha en la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo réplicas en todo el país.

Tal como lo había adelantado el gobierno durante la tarde del miércoles, finalmente se confirmó al filo de la medianoche con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 879/2024, en el que se afirma, entre otros puntos, que “el proyecto de ley es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

Mejorar la educación es una prioridad para el Gobierno Nacional. Lo dijo siempre el Presidente @jmilei.

Ahora esto incluye también realizar auditorías que garanticen una gestión transparente y eficiente y discutir el financiamiento con el equilibrio fiscal como regla.

Ese es…

— Carlos Curestis (@CarlosCurestis) October 2, 2024

De esta forma, se trata del segundo rechazo del Ejecutivo a una ley aprobada por el Congreso, luego de que se desestimara la recomposición de las jubilaciones.

La ley fue aprobada por la Cámara alta el 12 de septiembre con apoyo de senadores kirchneristas, de la UCR, los bloques federales y los senadores Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri. Los libertarios votaron en contra con el acompañamiento de tres macristas.

La norma vetada establecía una actualización del presupuesto basada en la inflación, medida por el INDEC, y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50 por ciento de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25 por ciento de la variación del dólar y otro 25 por ciento de las tarifas de servicios públicos.

Además, se proponía una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva. Para este año, la ley tiene un impacto fiscal de 738.595 millones de pesos, equivalente al 0,14 por ciento del PBI, de acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Esa cifra, según afirma el texto del DNU 879/2024, “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”.