El juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, procesó a los responsables de la recaudación y los gastos de la campaña que del año 2017 de la alianza "Cambiemos". Los acusan de haber rendido aportes falsos de personas que cuando fueron a declarar aseguraron que nunca los hicieron, y que estaban en listados de planes sociales, entre otros.

El magistrado consideró que se pudo determinar que por menos casi 2 millones de pesos de ese año, que serían unos 122 a valores actuales, fueron aportados de irregularmente, y su origen sigue sin dilucidarse.

La decisión de la justicia significa un duro traspié para las fuerzas que formaron parte de  Cambiemos, como el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, entre otras. Y también para quien era la principal figura de ese armado político y gobernadora, María Eugenia Vidal.  

Vale aclarar que quedaron procesados Alfredo Gabriel Irigoin, Carla Silvia Chabán, Julián Vilche, que eran los responsables legales de la rendición de los gastos, junto a Mauricio Redigonda.

Según Ramos Padilla, todos tuvieron alguna participación en la inclusión de datos falsos en documentos públicos, sobre todo en el informe final gastos que "rindió" esa agrupación tras las elecciones.

Para el juez hay suficientes elementos para juzgar por el delito de falsedad ideológica de documento público a los cuatro miembros, y trabó embargos para cada uno de ellos que van desde los 30 a los 50 millones de pesos.

“No debe olvidarse que para las elecciones mencionadas la agrupación ‘Cambiemos Buenos Aires’ declaró haber recibido en dinero en efectivo por parte de distintos aportantes la cifra de $38.192.825, que actualizada por IPC arroja una suma total de aproximadamente $2.313.085.602.”, señaló el juez a través de su fallo.

"La investigación judicial arrojó en un muestreo de parte de los aportes -no se analizaron todos- que un 37% de ellos desconoció haberlos hecho. “La inclusión de al menos 316 aportes privados correspondientes a 161 personas –al menos– que desconocieron haber realizado tal aporte, y que a lo largo del desarrollo de la causa formularon denuncias por tal motivo, o fueron citadas a prestar declaración testimonial y se manifestaron en ese mismo sentido”, indicó. La resolución destaca que el 90% de los aportes a la campaña fue en efectivo, lo que desde 2019 se prohibió por ley", detalló la agencia DIB.

Los peritos informaron que los supuestos aportes de personas jubiladas, con enfermedades, desempleadas o con trabajos esporádicos fueron desde los 700 a los 22 mil pesos. 

“Muchos de estos casos correspondían a personas que eran beneficiarias de programas sociales, y que se encontraban en manifiesta situación de vulnerabilidad, por lo que no contaban con la capacidad económica para realizar el aporte que les fue atribuido por la agrupación Cambiemos Buenos Aires”, explicó Ramos Padilla.