La Justicia ordenó la clausura de los calabozos de la Comisaría Octava de La Plata luego de un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

El juez de Garantías de Cañuelas Martín Miguel Rizzo ordenó que se investigue la posible comisión de delitos de parte de los funcionarios policiales y dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Provincia presente en 15 días un plan de reparación integral del edificio.

Según la resolución, se constató que el lugar estaba en condiciones inhumanas de detención como hacinamiento extremo, falta de acceso a agua potable y presencia de roedores, entre otras.

Todo comenzó luego de una denuncia por parte de los familiares de los detenidos ante la CPM sobre cómo eran las condiciones del lugar, motivo por el cual el organismo decidió actuar.

El relevamiento de la Comisión, presentado ante la Justicia platense, advirtió que entre 40 y 45 personas estaban alojadas en un espacio de 16 metros cuadrados, cuando debería ser habitado por solo tres. Además, no contaba con ventilación ni acceso a baños y que el suministro de agua dependía del personal policial y de los familiares, quienes les llevaban botellas.

También se registró la presencia de ratas y otros roedores, lo que obligaba a los detenidos a envolver sus alimentos en bolsas y a colgarlos para evitar la contaminación.

En el mismo documento se denunció que durante el horario de visita la mitad de los detenidos eran trasladados de celda y, al finalizar, volvían a ser hacinados en el mismo espacio reducido. Muchos dormían de pie, ya que no tenían lugar para acostarse, y quienes sí, lo hacían sobre el cemento.

Por último, según el informe de la CPM, los detenidos no tenían acceso regular a controles médicos ni a medicamentos, incluso en casos de enfermedades crónicas o dolencias urgentes.